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EL DIARIO digital
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La Iglesia advirtió sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares y señaló que la falta de presencia estatal favorece la expansión de las organizaciones criminales. El planteo fue realizado por el obispo de San Justo, Eduardo García, durante la Jornada de Acceso a la Justicia que se desarrolló el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).
"La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas", afirmó el religioso, ante funcionarios, jueces, fiscales y representantes de organizaciones sociales.
García describió las consecuencias de la exclusión social y contrapuso dos escenarios: "Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio", frente a "las tres C de la vida: colegio, capilla y club".
El obispo vinculó la expansión del narcotráfico con las dificultades de acceso a la educación, la atención sanitaria, los servicios básicos y las oportunidades de desarrollo. También cuestionó la intervención tardía de la Justicia en los sectores más vulnerables.
Según sostuvo, la Justicia ordinaria "suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido". En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la prevención y las respuestas institucionales antes de que los conflictos deriven en hechos delictivos.
Desigualdad y acceso a la Justicia
El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno bonaerense y organizaciones territoriales.
Entre los participantes estuvieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en señalar a la desigualdad como uno de los ejes centrales de la discusión. "Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad", expresó.
El ministro también advirtió sobre el vínculo de los sectores más postergados con las instituciones judiciales. "La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal", afirmó.
Como parte de las iniciativas para acercar las instituciones a los barrios, mencionó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal a Puerta de Hierro, donde reciben consultas e inquietudes de los vecinos.
Además, destacó la apertura de espacios de los Hogares de Cristo en la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense, destinados a acompañar a personas privadas de la libertad y brindarles herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
Una propuesta para la formación judicial
Durante la jornada, Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas "Reglas del Papa Francisco" como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial.
La iniciativa busca incorporar principios orientados a una Justicia cercana a los sectores vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Por su parte, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre el funcionamiento de los tribunales debe contemplar las condiciones materiales de vida de la población. "Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente", manifestó.
La actividad incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Las conclusiones serán reunidas en un documento académico que, según informó la universidad, se remitirá al papa León XIV.
Una mesa territorial
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza.
Como resultado del encuentro, los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. El objetivo es establecer un ámbito permanente de coordinación entre organismos judiciales y organizaciones comunitarias para identificar obstáculos y promover respuestas conjuntas en los barrios.
El debate puso el foco en la necesidad de que la presencia estatal en los sectores más vulnerables no se limite a la intervención penal, sino que incluya políticas de prevención, acceso a derechos y acompañamiento social.
