Massa pidió "construir propuestas con mirada federal y trabajar por la unidad"
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Informes técnicos remitidos a la Justicia Federal por el Ministerio de Salud de la Nación y el interventor de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, sacaron a la luz una serie de presuntas irregularidades y sobreprecios sustanciales en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos destinados a personas con discapacidad. Entre la documentación incorporada a la causa penal se destacan diferencias tarifarias de hasta un 1.972 por ciento en comparación con compras de insumos similares efectuadas por otros organismos estatales, como el PAMI.
Insumos con sobreprecios y facturación duplicada
El relevamiento técnico detalló contrataciones con importantes desfasajes respecto a los valores de mercado. Entre las operaciones bajo sospecha figura la adquisición de válvulas bicavales transcatéter a la firma Farma Salud por un monto de 425 millones de pesos, mientras que el PAMI había adjudicado un sistema de prestaciones equivalentes por 124,2 millones de pesos poco tiempo antes.
En el caso de las válvulas pulmonares, los peritajes consignaron sobrecostos de hasta un 711 por ciento sobre los valores de referencia. En cuanto a los implantes cocleares, se registró un valor promedio abonado a Droguería Floresta de 62.613 dólares por unidad, un guarismo marcadamente superior a las cotizaciones del mercado especializado.
A su vez, se constataron desfasajes del 219 por ciento en la adquisición de neuroestimuladores, así como compras de productos de origen extranjero con sobrecostos de entre el 300 y el 1.000 por ciento por sobre alternativas de fabricación nacional. En el plano de las irregularidades contables, el informe registró una factura emitida por la firma Indecomm que habría sido abonada en dos oportunidades por la misma erogación, correspondiente a un monto de 28,7 millones de pesos cada liquidación.
Firmas irregulares y prótesis no entregadas
Más allá de los sobrecostos económicos, la auditoría detectó severas irregularidades en la entrega efectiva de las prestaciones. Uno de los casos documentados ocurrió en la provincia de Río Negro, donde un paciente amputado aguardaba la provisión de una prótesis ortopédica.
A pesar de que en el expediente administrativo figuraba el remito de recepción firmado por la madre del beneficiario dando por entregado el elemento, la verificación directa con los damnificados determinó que el insumo nunca llegó a destino. Según se desprende del informe, la firma de la familiar habría sido obtenida mediante inducción a error durante la etapa previa de toma de medidas del paciente.
Toda la documentación técnica fue sumada a la causa judicial en la que se investiga la existencia de una estructura destinada a direccionar compras, adulterar trámites administrativos y desviar fondos públicos dentro del sistema de asistencia a la discapacidad.
