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La CGT respaldó el próximo paro universitario: "Sin universidad pública, no hay futuro"

La CGT con Sergio Romero
La CGT con Sergio Romero.
Será el próximo miércoles y la central obrera se expresó a través de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

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EL DIARIO digital

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Un nuevo paro de universitarios se producirá el próximo miércoles 12, con la convocatoria y el respaldo de la CGT, a través del gremio Unión de Docentes Argentinos (UDA).

El sindicato que conduce el secretario de Políticas Universitarias cegetista, Sergio Romero, expresó que convoca a la huelga ante el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio. 

"Sin universidad pública, no hay futuro", expuso el colectivo sindical para justificar una nueva protesta en reclamo de recomposición de haberes para los empleados.

En torno a la normativa que recompone fondos para los salarios de los trabajadores de la casas de estudio, el martes pasado la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar dictada a favor del reclamo de las universidades públicas. 

La medida se produce tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso presentado por el Ejecutivo nacional.

En particular, la Cámara resolvió que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de una medida cautelar se tornó abstracto. 

La decisión se fundamentó en que el máximo tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional, lo que eliminó el único fundamento de aquella suspensión.

Por lo tanto, la determinación deja sin efecto cualquier suspensión de la ejecución y obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles. Y la Sala III devolvió el expediente a primera instancia para su ejecución plena. 

Así, la medida no puede ser suspendida mientras se discute el fondo de la causa. Un verdadero golpe para el Gobierno, que continúa argumentando que no dispone de los fondos necesarios para cumplir con la normativa que se sancionó en 2025.

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