El Gobierno analiza con una nueva ley hacer cambios en Inocencia Fiscal
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Tras obtener una necesaria victoria legislativa en la Cámara de Diputados con la aprobación de la Ley Hojarasca y la reforma del régimen de Zonas Frías, el Gobierno nacional reactivó la agenda federal. El objetivo inmediato de la Casa Rosada es avanzar en el diseño de un nuevo pacto fiscal, una iniciativa que cuenta con el explícito visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que ya comenzó a ser sondeada entre los diferentes mandatarios provinciales para cosechar apoyos sustanciales.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la convocatoria formal al señalar que se encuentran "hablando con algunos gobernadores para hacer una convocatoria. La idea es juntarse con ellos y empujar esta iniciativa". Para el jefe del Palacio de Hacienda, el núcleo de la discusión debe centrarse en la competitividad, apuntando contra el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales, a los que calificó como "los costos más altos" del sistema.
Apoyos y posturas en el bloque dialoguista
El abanico de gobernadores aliados y de la oposición dialoguista se mostró receptivo ante el llamado, aunque con matices. El tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los líderes provinciales más cercanos al oficialismo, celebró los contactos al afirmar que "todo lo que sea diálogo entre provincia y Nación es muy positivo". Jaldo recordó las bases del Pacto de Mayo firmado en 2024 y reclamó que los futuros entendimientos "no solo pasen por las cuestiones financieras y presupuestarias, sino que tengan que ver con partidas especiales" para fortalecer las áreas de salud, educación y seguridad en el interior del país.
En una sintonía similar, el entrerriano Rogelio Frigerio —quien fuera uno de los arquitectos del último gran pacto fiscal de 2017 durante la gestión de Mauricio Macri— ofreció a su provincia como sede para pulir una posición común entre Nación, provincias y municipios. Frigerio consideró indispensable "avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal federal" para eliminar de forma coordinada los impuestos distorsivos en los tres niveles del Estado. Por su parte, el mendocino Alfredo Cornejo y el chubutense Ignacio Torres coincidieron en que el esquema impositivo actual desincentiva la inversión y el empleo, manifestando su total disposición a dar un debate que le "quite el pie de encima al que produce".
La posición de La Pampa y el eje opositor
Desde el arco opositor y los sectores peronistas, la discusión no es rechazada de plano, pero se imponen condiciones estrictas respecto al federalismo y los recursos. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, es uno de los mandatarios que viene instalando el tema en la agenda pública. Su postura se alinea con la necesidad de "discutir un nuevo pacto fiscal federal, donde las provincias y los municipios nos hagamos cargo de la prestación de todos los servicios públicos", argumentando que la cercanía territorial garantiza una gestión del gasto mucho más eficiente.
Esta mirada descentralizadora es compartida por la administración del cordobés Martín Llaryora, desde donde señalaron la urgencia de simplificar el sistema bajo una premisa inversa: "Las provincias deben cobrar y coparticipar a Nación, porque ellos no hacen casi más nada en los distritos".
Coparticipación, tasas y la "letra chica" del conflicto
Más allá de la predisposición inicial de los caciques provinciales, el éxito de la negociación dependerá exclusivamente de la letra chica económica. El principal escollo radica en la profunda desconfianza que generan los sostenidos recortes de fondos que el Palacio de Hacienda viene ejecutando sobre las arcas subnacionales.
Mientras Alfredo Cornejo advierte que cualquier cambio estructural debe estar atado por ley a una reforma integral de la coparticipación federal —sistema al que calificó de "injusto e inútil"—, desde los ministerios de economía provinciales recuerdan con dureza que "el 80% de la presión tributaria se explica por impuestos nacionales".
A este frente de conflicto se suman los intendentes de todo el país, nucleados en el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), quienes se declararon en pie de guerra en defensa de la autonomía municipal para cobrar tasas propias, llevando su reclamo de manera directa al Congreso de la Nación a principios del próximo mes.
