Investigan presuntas irregularidades en la compra de aviones para la Fuerza Aérea

Una investigación judicial reveló la existencia de presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de material aeronáutico por parte de la Fuerza Aérea Argentina durante los últimos años. El expediente detalla anomalías en la incorporación de un avión de transporte mediano Embraer ERJ-140LR, operación iniciada en mayo de 2025 y adjudicada en un plazo menor a dos meses a la firma Regional One Inc. por un monto superior a los 4 millones de dólares.

De acuerdo con los datos publicados por Clarín y la agencia Noticias Argentinas, el requerimiento técnico de la licitación fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas en el área de transporte aéreo. La denuncia señala que las especificaciones del pliego de bases y condiciones habrían sido confeccionadas para restringir la participación de oferentes, favoreciendo de manera directa al proveedor adjudicado. El procedimiento administrativo avanzó sin la realización de estudios de mercado previos que justificaran el valor final, desestimando la propuesta de otra compañía que ofrecía una aeronave de características similares a un precio menor.

Entre los elementos probatorios presentados, se constató que la aeronave adquirida ya se encontraba acondicionada y pintada con las insignias oficiales de la Fuerza Aérea Argentina con anterioridad a la finalización formal del concurso. Los registros indican que los trabajos de pintura se habrían iniciado en 2023, lo que fundamenta la hipótesis de un acuerdo preexistente a la convocatoria pública. Asimismo, un informe técnico posterior a la recepción de la unidad detectó deficiencias estructurales, signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento operativo esencial.

La investigación también cuestiona la metodología de pago empleada, la cual incluyó la utilización de cuentas de depósito en garantía (conocidas como cuentas escrow). Si bien se trata de un instrumento financiero legal, los peritos señalaron que su aplicación en compras estatales disminuye la trazabilidad de los fondos públicos. Las actuaciones judiciales alcanzan a exfuncionarios militares y administrativos de las áreas de contrataciones, extendiendo el análisis de consistencia de precios y procedimientos a otras compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer concretadas desde el año 2021.