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EL DIARIO digital
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El diputado nacional Máximo Kirchner, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso exprese su beneplácito por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revocó la sentencia de primera instancia en el caso YPF. Según el comunicado de prensa, el texto enfatiza que el resultado constituye "el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital" y valida internacionalmente la soberanía argentina sobre la principal empresa petrolera del país.
El proyecto, fechado el 27 de marzo de 2026, señala que la revocatoria judicial frenó una "extorsión financiera" que, en palabras de Kirchner, "pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares". El legislador destaca la continuidad de la estrategia legal del Estado nacional frente a litigios con fondos especulativos y recuerda el acto de expropiación de YPF realizado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, según se expresa tanto en el comunicado como en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa parlamentaria reconoce la expropiación de YPF como "la recuperación de la soberanía hidrocarburífera" y denuncia la diferencia de criterios entre administraciones pasadas. En los fundamentos del proyecto se afirma: "Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judiciales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado", en referencia al pago de USD 9.300 millones a fondos buitres, que Kirchner interpretó como una decisión política orientada al acceso al mercado financiero, en detrimento de la defensa de la inmunidad soberana.
Entre los puntos destacados, el proyecto solicita expresar beneplácito por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en el caso YPF. Según el texto ingresado al Congreso, la revocatoria judicial resguardó al país de un perjuicio estimado en más de 16.100 millones de dólares y, siempre según el proyecto, obliga a revisar críticamente la política de endeudamiento adoptada en 2016.
En la presentación, el bloque de Unión por la Patria atribuye el origen de la reciente victoria legal a "la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner".
"La recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de supervivencia energética. Como bien señala el análisis del caso, para el año 2011 la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento".
El texto destaca que la Ley 26.741 declaró de interés público el abastecimiento hidrocarburífero y que priorizar el derecho administrativo nacional sobre los estatutos societarios privados permitió el desarrollo estratégico de Vaca Muerta. En los fundamentos se sostiene: "Sin esa expropiación, la Argentina no sería una potencia energética emergente que es hoy, sino un rehén de dividendos girados al exterior".
La redacción del proyecto subraya la continuidad conceptual de la defensa estatal a través de distintas administraciones: "Las distintas gestiones de la administración nacional continuaron la línea argumental definida desde el comienzo, en cuanto a que las disposiciones de un estatuto societario no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país".
