La Comisión Libra denunciará al fiscal Taiano por "encubrimiento" y pedirá explicaciones a los Milei
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EL DIARIO digital
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En medio de la creciente tensión por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sentó la postura oficial del Ejecutivo. En una entrevista con LN+, el funcionario evitó referirse al fondo de la causa, pero denunció la gravedad de las filtraciones que comprometen al entorno presidencial.
"Es grave que se haya filtrado esa información", sostuvo Mahiques, al referirse a los datos extraídos del celular de Mauricio Novelli, figura central del token que colapsó a horas de su lanzamiento. El ministro reveló que el Procurador General ordenó un sumario para determinar si los archivos fueron "manipulados" antes de llegar a la prensa y al Congreso.
Los puntos clave de la defensa
Cadena de custodia: Mahiques fue categórico al afirmar que, debido a las filtraciones, "la cadena de custodia no está garantizada". Con esto, el Gobierno busca invalidar judicialmente el registro de llamadas que muestra comunicaciones de Javier y Karina Milei minutos antes y después del lanzamiento del activo digital.
Ataque a la Comisión: El ministro tildó de "imprudencia" el accionar de los diputados opositores, encabezados por Maximiliano Ferraro, quienes acusaron al Presidente de participar en una operación planificada y coordinada.
El rol del Ministerio: Mahiques aclaró que la unidad específica creada en su cartera ya aportó su informe a la justicia, desligando la responsabilidad del Ejecutivo en el trámite de la causa.
La ofensiva opositora
Mientras el Gobierno intenta desacreditar la prueba, la Comisión Investigadora redobló la apuesta. Este lunes confirmaron que:
- Denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por presunto encubrimiento y entorpecimiento.
- Solicitarán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
- Denunciaron una "persecución" contra el periodismo tras las revelaciones que también salpican a Santiago Caputo y Demian Reidel.
El conflicto escaló a niveles de crisis institucional, con el Congreso intentando desvincular al Estado de lo que califican como una "estafa internacional" con sello oficial.
