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El Gobierno promulgó la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

 Originalmente el oficialismo pretendía fijar el límite en los 13
Originalmente, el oficialismo pretendía fijar el límite en los 13..
A través del Decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo puso en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil. La ley 27.801 establece un esquema de penas graduadas y alinea a la Argentina con los estándares de la mayoría de los países de la región.

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EL DIARIO digital

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En una madrugada marcada por la actividad administrativa, el Boletín Oficial formalizó hoy la promulgación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Bajo la Ley 27.801, el Gobierno de Javier Milei concreta una de sus promesas de campaña en materia de seguridad, tras un intenso debate parlamentario que culminó a fines de febrero.

La modificación central de la norma es el establecimiento de la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Originalmente, el oficialismo pretendía fijar el límite en los 13, pero la negociación con los bloques del PRO y la UCR derivó en el consenso de los 14 años como un "punto de equilibrio" parlamentario.

Penas Graduadas: El nuevo sistema no se limita a la edad, sino que implementa un régimen que gradúa las penas según la gravedad del delito y el contexto social y familiar del menor.

Foco en la reinserción: La ley contempla la creación de establecimientos especializados y programas socioeducativos destinados a la reinserción social.

El espejo regional

Con esta promulgación, Argentina deja atrás la legislación que establecía la imputabilidad en los 16 años y se integra a la tendencia de la mayoría de los países de Sudamérica:

A los 14 años: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, entre otros.

A los 12 años: Brasil, Ecuador, Panamá y Costa Rica.

Triunfo legislativo

La sanción definitiva se había logrado el pasado 27 de febrero en el Senado, donde La Libertad Avanza consiguió 44 votos a favor frente a 27 negativos. El respaldo de los sectores dialoguistas fue fundamental, bajo el argumento de que el límite de los 14 años representa un estándar sólido que permite abordar el delito juvenil con herramientas judiciales más directas, sin perder de vista los tratados internacionales.

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