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El Gobierno inició sumarios a dos sindicatos del transporte por incumplir la conciliación

La estación Retiro afectada por el paro de trenes
La estación Retiro, afectada por el paro de trenes.
Se trata del primer paso administrativo para aplicar sanciones a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor por haber adherido al último paro de la CGT. Las multas podrían ser millonarias y afectar la personería gremial.

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EL DIARIO digital

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El Gobierno Nacional inició sumarios a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir las conciliaciones obligatorias dictadas según la normativa vigente durante el último paro de la CGT. Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que indicó que la decisión fue instrumentada a través de la Secretaría de Trabajo luego de que la falta de acatamiento por parte de cada sindicato fue verificada y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.

A partir de estos sumarios, a los dos gremios se les aplicarían fuertes multas, mientras que las sanciones previstas por la ley llegan incluso al quite de la personería. En el comunicado de Capital Humano, se afirma que "en función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".

"El Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente", concluye el texto oficial. De esta forma, el Gobierno Nacional avanza con una medida que causará rechazo en todo el espectro del sindicalismo y que servirá como precedente para futuros conflictos.

La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, adhirió al paro de la CGT del 19 de febrero pasado aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria. El gremio argumentó que esa medida no podía aplicarse a una protesta de la central obrera ya que solo regía para su conflicto salarial particular. En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento es que la conciliación había sido dispuesta para el conflicto de los choferes del interior y no para los que trabajan en el AMBA.

La conciliación obligatoria implica que empresarios y sindicalistas deben iniciar 15 días de negociaciones en la Secretaría de Trabajo, período en el cual las partes no pueden tomar medidas de acción directa. El último antecedente de multas aplicadas por este motivo fue durante el gobierno de Mauricio Macri contra el Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano en 2018, por un monto de 809 millones de pesos. Sin embargo, dicha sanción fue anulada en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández.

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