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EL DIARIO digital
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El Senado de la Nación dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares por 40 a 31, con una abstención. El debate estuvo marcado por una fuerte polarización entre quienes defienden la necesidad de atraer inversiones mineras y quienes alertan sobre un retroceso irreversible en la protección del agua dulce.
El Senado avanzó con la primera de las dos sesiones de la semana. En esta ocasión el temario incluyó el pliego como embajador de Fernando Iglesias, el acuerdo UE-Mercosur y la modificación de la Ley de Glaciares.
El primer punto del orden del día fue el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Fue aprobado por amplia mayoría, con 69 votos a favor y 3 en contra. Ahora, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlo para acelerar su entrada en vigencia. No obstante, en Europa se espera un pronunciamiento de la Justicia, debido a que hubo impugnaciones.
Pasadas las 15 horas, la cámara comenzó a debatir la Ley de Glaciares, que el oficialismo pretendía modificar argumentando que eso posibilitará la llegada de nuevas inversiones mineras. El debate no estuvo exento de polémica, ya que la oposición denunció que se realizaron modificaciones al dictamen en pleno debate, sin que los senadores alcancen a conocer los cambios.
La postura liderada por La Libertad Avanza, con apoyo de sectores del PRO, la UCR y senadores de provincias mineras (como Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Catamarca), se centró en la "seguridad jurídica" y el desarrollo económico.
Sostuvieron que las provincias deben tener mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales (conforme al artículo 124 de la Constitución).
Argumentaron que la ley actual es "ambigua" y que el Inventario Nacional de Glaciares se realizó de forma "satelital", sin verificar en campo si ciertos cuerpos de hielo (especialmente en áreas periglaciales) cumplen funciones hídricas reales.
Destacaron que proyectos de cobre y litio por más de 30.000 millones de dólares están frenados por la actual normativa.
El gobernador Raúl Jalil (quien expuso previamente) afirmó que "no hay impacto ambiental más negativo que la pobreza".
El bloque de Unión por la Patria (liderado por José Mayans) y algunos bloques provinciales rechazaron la medida, calificándola de "regresión ambiental".
Alertaron que reducir la protección de las zonas periglaciales (glaciares de escombros) pone en riesgo las reservas de agua dulce en un contexto de cambio climático.
Denunciaron que la reforma viola el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución, ya que una ley ambiental no puede reducir niveles de protección ya adquiridos.
Criticaron que se otorgue a las provincias la potestad de decidir qué proteger, lo que podría derivar en que cada jurisdicción "recorte" el inventario de glaciares a medida de los proyectos mineros.
Durante la sesión, hubo fuertes quejas por modificaciones "de último momento" introducidas en el texto que no habían sido discutidas en comisión.
