Las fuertes ráfagas volcaron más de 10 camiones en plena ruta
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EL DIARIO digital
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Argentina amaneció este jueves 19 de febrero en un estado de parálisis total. La CGT puso en marcha su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, una medida de fuerza de 24 horas que promete congelar la actividad en los principales centros urbanos del país. La huelga coincide estratégicamente con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el proyecto que se ha convertido en el principal campo de batalla entre el oficialismo y el sindicalismo.
Desde la sede de la calle Azopardo, el triunvirato de la CGT fue tajante: "La Argentina se paralizará de punta a punta", aseguró Jorge Sola (Seguro). Aunque la central aclaró que no se opone a debatir una modernización laboral, ratificó el rechazo absoluto a la pérdida de derechos adquiridos que, denuncian, están contemplados en los más de 200 artículos del proyecto.
Sin transporte y con tensión en el Congreso
El impacto de la medida se siente con fuerza desde la madrugada debido a la adhesión total de la UTA (colectivos), trenes, subtes y la cancelación de vuelos comerciales. Sin transporte público, la actividad comercial y administrativa se redujo a su mínima expresión.
Mientras la conducción de la CGT optó por un paro sin movilización oficial, un frente de gremios combativos (UOM, Aceiteros y Pilotos) junto a las CTA y sectores de izquierda decidieron llevar el reclamo a las calles. La concentración frente al Congreso busca presionar a los legisladores en una jornada donde se espera que el proyecto obtenga la aprobación en Diputados para regresar al Senado la próxima semana.
El debate en el recinto
Dentro del Congreso, el clima no es menos tenso. Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, calificó la iniciativa de "clara inconstitucionalidad" y criticó el escaso margen de discusión otorgado a los representantes de los trabajadores.
A pesar de que el oficialismo eliminó algunos puntos ríspidos —como el artículo sobre las cuotas sindicales— para aceitar la votación, el sindicalismo ya advirtió que, de convertirse en ley, el siguiente paso será la judicialización masiva de la reforma.
