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Semana clave: el Gobierno apura la reforma laboral y la baja de imputabilidad

LLA depende de un delicado equilibrio con el PRO la UCR y la Coalición Cívica
LLA depende de un delicado equilibrio con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.
El oficialismo inicia este martes la conformación de comisiones para tratar los dos proyectos más sensibles de su agenda. Mientras busca el apoyo de los bloques "dialoguistas", los sindicatos ya convocaron a movilizaciones frente al Palacio Legislativo en rechazo a la flexibilización de los convenios colectivos.

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EL DIARIO digital

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El Congreso nacional retoma su actividad con una agenda de alto impacto político y social. A partir de este martes, el Senado dará el primer paso para constituir las comisiones que debatirán el proyecto de Modernización Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil, dos pilares del programa de gobierno de Javier Milei para este periodo de extraordinarias.

Para avanzar, La Libertad Avanza (LLA) depende de un delicado equilibrio con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Las negociaciones, encabezadas en los últimos meses por el ministro del Interior, Diego Santilli, buscan garantizar los votos necesarios ante el rechazo cerrado del kirchnerismo y la izquierda.

Reforma Laboral: ¿Flexibilidad o pérdida de derechos?

El proyecto de modernización laboral es el que mayor resistencia genera en el arco gremial. Entre sus puntos principales, la iniciativa propone:

Fondo de Cese Laboral: Un sistema de indemnizaciones basado en convenios colectivos (similar al modelo de la construcción).

Banco de Horas: Un régimen que permite compensar excesos de jornada con descansos posteriores, eliminando el pago de horas extras tradicionales.

Colaboradores Independientes: Una figura legal para contratar hasta cinco personas bajo un régimen de autonomía, sin relación de dependencia.

Reducción de cargas patronales: Incentivos fiscales para fomentar el blanqueo de trabajadores.

Desde la CGT y las CTA ya advirtieron que estas medidas "pulverizan derechos adquiridos" y confirmaron una jornada de protesta frente al Congreso que comenzará mañana mismo.

Baja de imputabilidad a los 13 años

El segundo frente de batalla es la Ley Penal Juvenil. El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, bajo la premisa de terminar con la "puerta giratoria" en delitos cometidos por menores.

La letra chica del proyecto establece:

Penas máximas: Se fijan topes de 20 años de condena para menores, descartando la reclusión perpetua.

Delitos graves: Adolescentes de 14 años en adelante que cometan crímenes violentos podrían recibir penas de hasta 15 años en establecimientos especiales (no cárceles comunes).

Enfoque socioeducativo: Para delitos menores o sin violencia, se priorizarán las tareas comunitarias y la libertad asistida.

Con la calle movilizada y los bloques dialoguistas exigiendo modificaciones en los textos originales, el oficialismo enfrenta una semana que definirá el rumbo de su gestión legislativa para el primer semestre de 2026.

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