El Gobierno oficializó la reforma de la SIDE: competencias, responsabilidades y polémicas
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EL DIARIO digital
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Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas e Izquierda rechazaron de plano el DNU que reforma la Ley de Inteligencia, mientras que el PRO mostró cautela y anticipó que definirá su postura cuando estén los protocolos de aplicación de esas normas.
En cambio, la UCR y los bloques provinciales dialoguistas aún no fijaron su posición sobre el DNU 941 que el Gobierno debe girar al Congreso para ser analizado por la comisión de Trámite Legislativo, que deberá definir si es ratificado o rechazo esa reforma de la ley de Inteligencia.
Fuentes legislativas del PRO informaron que esa fuerza política conformó un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
Señalaron que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva.
Destacaron que la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos.
Los opositores rechazaron con énfasis los puntos más polémicos, ya que se incluye en el decreto incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.
Desde el kirchnerismo, el exministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que el Congreso "tiene que rechazar el decreto que no mejora el funcionamiento del Sistema de Inteligencia y atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano".
A través de la red social X, Rossi dijo que "nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aún: es gravísimo".
Expresó como uno de los puntos mas preocupantes que se "transforma a los agentes de inteligencia en 'policía secreta', habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial. La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial".
El cura y diputado kirchnerista Juan Carlos Molina afirmó que la reforma de la Ley de Inteligencia es inconstitucional y es peligrosa. En el Congreso de la Nación no podemos dejar pasar esta barbaridad".
Por su parte, la diputada de UxP, María Teresa García, pidió rechazarlo: "La democracia no nos privó de escuchas ilegales y jugarretas de inteligencia contra opositores políticos, qué puede salir mal si el Estado le otorga a los organismos de inteligencia facultades de aprehensión de los ciudadanos, si se extiende el secreto mediante el cual se desvían gastos reservados y si se permite que todas sean actividades encubiertas (lease, prácticamente sin control).
Alertó: "Riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder. La reforma es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia de modificar la ley por decreto. Si quieren avanzar con una modificación deben realizarlo a través del Congreso Nacional".
El bloque Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia, rechazó el DNU que "pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso".
"Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU. Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución", agregó.
El interbloque criticó que el DNU declare "todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter encubierto, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario"
Por su parte, la diputada de izquierda Myriam Bregman señaló sobre el DNU: "Es un acto ilegal, no se puede disponer por decreto sobre la vida, la libertad, la información personal de todos los habitantes".
En declaraciones periodísticas dijo: "Hay que anular urgente este DNU, esto no puede ir a la Bicameral de Inteligencia y hacer el proceso de un decreto y todo el mundo ponerse a discutir. El Congreso en la primera oportunidad que tenga, se debe reunir y anular rápidamente esta norma que emana del Poder Ejecutivo".
