Fuerte contraversia entre los Fiscales y el STJ por un caso de violación
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EL DIARIO digital
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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, impugnaron este jueves la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con la ejecución de veinte propiedades para cubrir el decomiso ordenado en la causa Vialidad, que asciende a una suma total de $685.000 millones.
El pasado 18 de noviembre, el juez Jorge Gorini había dispuesto iniciar la ejecución de los bienes de los nueve condenados, de manera solidaria, hasta cubrir la suma exacta de $684.990.350.139,86. Estas propiedades pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso para hacer efectivo el decomiso en esta causa de corrupción.
En su apelación, Cristina Fernández calificó la medida como una "nueva expresión del derecho creativo", que —según afirmó— fue utilizado para perseguirla y ahora se extiende a sus hijos. La defensa sostuvo que todos los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen "origen lícito", acreditado en fallos firmes, y que fueron recibidos legalmente de sus progenitores.
Los defensores de la exmandataria argumentaron que estas circunstancias impiden considerar los bienes como instrumento, producto o provecho del delito juzgado. Además, cuestionaron que el tribunal haya ordenado desapoderar a los hijos de la ex vicepresidenta en contra de criterios propios del tribunal dictados recientemente.
Por su parte, Máximo y Florencia Kirchner también impugnaron la ejecución de los 19 bienes cedidos por su madre, al advertir que implicaría un "desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos". Solicitaron que se suspendan las tasaciones, inscripciones registrales y cualquier acto tendiente a poner los activos bajo administración de la Corte Suprema u otra entidad.
Visitas restringidas a Cristina Kirchner: cronograma y límites que impuso el TOF Nº2
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal Número 2 que el pasado 19 de noviembre redefinió la modalidad del cumplimiento de su pena en la causa vialidad a raíz de la foto que publicó en su cuenta de X con 9 personas reunidas en el departamento de San Jose 1111.
Cristina había sostenido un encuentro con nueve economistas donde recibió un documento técnico de más de cuatrocientas páginas. Ante la situación, el juez Jorge Gorini a cargo de la ejecución de la pena, dispuso una serie de normas para las visitas.
Si bien los nueve economistas estaban incluidos en la lista de visitantes presentada días antes por su defensa, el encuentro, no contaba con la autorización judicial correspondiente para un encuentro grupal.
Según se pudo conocer de fuentes judiciales, la objeción presentada por la defensa de Fernández de Kirchner, que ahora deberá analizar la cámara de casación, a que las visitas que ahora reciba tendrán una duración máxima de dos horas, hasta dos veces por semana, y de la que no podrán participar más de tres personas.
El juez Gorini advirtió que de no cumplirse esas pautas "podrán ser revisadas en forma inmediata, adoptar medidas adicionales y, de corresponder, se podrá modificar o dejar sin efecto la modalidad domiciliaria".
