Milei presentó el nuevo Código Penal: "Necesitamos tolerancia cero y penas más duras"

El presidente Javier Milei presentó el nuevo proyecto para la reforma del Código Penal que enviará al Congreso de la Nación. Junto al mandatario estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Necesitamos tolerancia cero y penas más duras", aseguró el jefe de Estado en su discurso en la puerta del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Y afirmó: "La sociedad me pidió terminar con el flagelo de la inseguridad. Dentro de la ley terminamos con los piquetes, fuimos contra el narcotráfico, reequipamos a las fuerzas y bajamos la tasa de homicidios a nivel nacional"

En ese marco, continuó: "Para que la gente esté de nuevo segura, necesitamos cambiar el sistema de fondos, porque años de garantismo se encargó de atarles las manos a las fuerzas, jueces y fiscales, mientras le daban vía libre a los delincuentes".

"Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio. Y los argentinos van a vivir en una sociedad más seguridad", remarcó Milei, que posteriormente se inclinó por anticiparse a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Justamente, sostuvo: "Que se implementen o no, dependen del Congreso de la Nación y de quienes estén sentados en las butacas, tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas. El país necesita diputados y senadores que comprenden esto. Si aprobamos esta reforma, la seguridad va a cambiar en serio".

Qué dice el proyecto del nuevo Código Penal

La iniciativa de reforma del Código Penal presentada ante el Congreso impulsa un marco de tolerancia cero frente al delito, proponiendo el endurecimiento generalizado de penas, la supresión de beneficios para condenados y la agilización de los procedimientos penales mediante la implementación del sistema acusatorio.

Entre los principales aspectos del proyecto se destaca el aumento de los límites mínimos y máximos de prisión en una amplia variedad de delitos, así como la creación de figuras agravadas y tipificaciones específicas para nuevas modalidades delictivas. Las modificaciones contemplan los siguientes ajustes en materia de penas:

Homicidio simple: pasa de 8-25 años a 10-30 años de prisión.

Homicidio agravado: mantiene la prisión perpetua, e incorpora circunstancias agravantes como víctimas menores de edad, adultos mayores, funcionarios públicos y crímenes en lugares concurridos o cometidos por organizaciones.

Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.

Lesiones por conducción imprudente: el rango pasa de 1-3 años (simple) y 2-4 años (agravada) a 2-6 años y 3-6 años, respectivamente.

Abuso de armas: disparar sin herir puede alcanzar hasta 6 años; agresión sin herida de 1 a 3 años.

Omisión de auxilio: de multa a 1-6 años de prisión, y agravada a 2-8 años para casos con víctimas menores de 13 o mayores de 65 años.

Injurias: de multa a 1-3 años de prisión, y en forma agravada de 2 a 6 años.

Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años.

Posesión de pornografía infantil para distribución: de 6 meses-2 años a 3-12 años.

Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.

Trata de personas: la pena máxima sube de 8 a 10 años; en su modalidad agravada, de 5-10 a 6-15 años.

Amenazas: pueden agravarse hasta 8 años en caso de mediar armas o anonimato y hasta 10 años si buscan forzar conductas.

Hurto: el mínimo sube de 1 mes a 1 año y el máximo de 2 a 3 años.

Robo: el simple con fuerza pasa de 1 mes-6 años a 3-8 años; con violencia, hasta 10 años; se introducen figuras diferenciadas para robos en la vía pública y cometidos por "motochorros".

Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años y multa.

Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años y multa; agravada, hasta 12 años.

Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años; si el ataque es contra un funcionario o miembro de fuerzas de seguridad, de 3 a 9 años.

Tenencia y portación de armas: se contemplan incrementos y multas superiores.

Falso testimonio y cohecho: reciben penas superiores, con agravantes para altos funcionarios.

El capítulo sobre responsabilidad penal de menores introduce la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, fundamentando que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que la legislación vigente favorece su captación por grupos criminales.

Finalmente, el texto proyecta la implementación obligatoria del sistema acusatorio, en reemplazo del modelo inquisitivo tradicional, con el objetivo de agilizar los procesos penales y asegurar mayor transparencia. El nuevo esquema otorga al fiscal la función de investigar y acusar, al imputado la posibilidad de defensa plena y al juez la de actuar exclusivamente como árbitro