Nacho Torres: "No hay corrupción aceptable, toda tiene consecuencias"
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EL DIARIO digital
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La Libertad Avanza enfrenta un escenario adverso en el Congreso de la Nación, que dirigentes del propio oficialismo describen como "territorio minado". En las últimas dos semanas, el Gobierno sufrió derrotas en Diputados y en el Senado que consolidaron a la oposición como dueña de la agenda legislativa.
Unión por la Patria, Democracia, Encuentro Federal, la izquierda y la Coalición Cívica lograron articular un temario común que incluyó la aprobación de leyes, el rechazo de cinco decretos y el avance en proyectos como la ley de financiamiento del Garrahan y la de Emergencia en Discapacidad. También se votó la creación de nuevas comisiones, entre ellas una especial de investigación sobre el fentanilo, que amenaza con exponer más tensiones internas.
El oficialismo, que hasta ahora intentó bloquear comisiones claves, enfrenta esta semana la reanudación de la Comisión $Libra, donde la oposición busca avanzar en la designación de autoridades y en la citación de invitados.
En paralelo, los gobernadores presionan por la modificación en el reparto del Impuesto a los Combustibles destinado a Vialidad Nacional. Con media sanción del Senado, la iniciativa será un test de fuerza para la Casa Rosada, que apuesta al respaldo de sus socios provinciales.
Entre los pocos alivios para el oficialismo aparecen el freno a la moratoria jubilatoria -que no reunió los dos tercios necesarios para insistir tras el veto presidencial- y la Emergencia en Bahía Blanca, donde la oposición tampoco alcanzó los votos. En ese contexto, la diputada radical Karina Banfi cuestionó al presidente de la Cámara, Martín Menem, y advirtió: "Hay que insistir porque el decreto no es suficiente y la ayuda no llegó a todos. Según el último informe del Jefe de Gabinete faltan $134.761 millones por entregar. ¿Qué están haciendo con ese dinero?".
El desafío más complejo llegará el 15 de septiembre, con la presentación del Presupuesto 2025. El debate pondrá en el centro la distribución de fondos para la administración nacional y el reclamo de los gobernadores por la obra pública, un punto que amenaza con profundizar la crisis de gobernabilidad del oficialismo.
