El fallo de YPF genera un "respiro" en Wall Street y lo capitalizan para la campaña
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EL DIARIO digital
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Un informe del economista Nadín Argañaraz, elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y ARCA, detalla el impacto fiscal que tendrían los proyectos de ley que avanzan en el Congreso para automatizar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del Impuesto a los Combustibles (ICL) entre Nación, provincias y CABA. La proyección, tomando como referencia el año 2025, muestra una significativa transferencia de recursos desde el gobierno central hacia las jurisdicciones.
Cambios propuestos sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)
En el caso de los ATN, se discuten dos propuestas. Una, de dictamen de mayoría, plantea una distribución automática en base al esquema de coparticipación. La otra, de dictamen de minoría, propone que solo los fondos no utilizados a fin de año se repartan con el mismo criterio.
El análisis indica que, entre 2017 y 2024 (excluyendo la pandemia), solo el 25% de los ATN se distribuyeron efectivamente, dejando un 75% disponible para la discrecionalidad.
Si se proyecta el impacto para todo 2025, la propuesta de mayoría significaría un incremento de recursos para las provincias y CABA equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la de minoría representaría un aumento del 0,03% del PBI.
En términos monetarios, el proyecto de mayoría otorgaría a las jurisdicciones un total de $370.188 millones, mientras que el dictamen de minoría ascendería a $277.641 millones. La simulación detalla que, con el esquema de mayoría, Buenos Aires obtendría $78.522 millones; Córdoba, $31.570 millones; Santa Fe, $31.936 millones; y Mendoza, $14.991 millones. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el monto sería de $8.820 millones. Los valores se reducirían con el esquema de minoría. En ambos casos, el Tesoro Nacional vería reducidos sus recursos en proporción al aumento en las transferencias automáticas.
Cambios propuestos en el Impuesto a los Combustibles
El otro frente de debate se centra en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La propuesta de dictamen de mayoría eleva la participación de las provincias y CABA del 25% actual al 58%, reduciendo la porción destinada al Tesoro Nacional. Por su parte, la propuesta de minoría plantea elevar la participación provincial al 42%.
Con una recaudación proyectada para 2025 de $4,8 billones, el impacto monetario sería considerable. El informe estima que el dictamen de mayoría implicaría recursos adicionales para provincias y CABA por $1,58 billones, lo que equivale al 0,18% del PBI. La propuesta de minoría otorgaría $814.000 millones extra, equivalentes al 0,1% del PBI.
Con la propuesta de mayoría, Buenos Aires recibiría $471.435 millones, lo que representa un incremento de $268.377 millones respecto del esquema actual. Córdoba pasaría de $84.331 millones a $173.881 millones; Santa Fe, de $84.735 millones a $170.484 millones; y Mendoza, de $49.995 millones a $113.036 millones. La Ciudad de Buenos Aires subiría de $9.272 millones a $78.720 millones, mientras que Catamarca pasaría de $27.315 millones a $53.773 millones. Para La Pampa, los fondos se incrementarían de $27.247 millones a $67.593 millones.
Bajo el dictamen de minoría, los aumentos serían menores, pero aún significativos. Buenos Aires recibiría $428.729 millones, Córdoba $173.580 millones, Santa Fe $164.774 millones y Mendoza $81.412 millones. Para CABA, el monto sería de $48.157 millones.
En la comparación global, el total destinado a provincias y CABA sería de $2,786 billones con el dictamen de mayoría y de $2,021 billones con el de minoría, frente a los $1,207 billones actuales.
Ambos proyectos, tanto en ATN como en ICL, implican una transferencia de recursos desde el Tesoro Nacional a las jurisdicciones mediante mecanismos automáticos. Esto reduce el margen de discrecionalidad de la Nación para asignar fondos y otorga mayor previsibilidad a las provincias, que recibirían montos fijos en función de coeficientes establecidos por ley. En el caso del ICL, el impacto fiscal es más alto por el volumen de recaudación que involucra.
