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EL DIARIO digital
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El Gobierno nacional decidió postergar por tres meses la puesta en marcha del sistema procesal acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, que debía comenzar el 11 de agosto. La medida se adoptó luego de que el procurador general interino, Eduardo Casal, y fiscales federales advirtieran con énfasis sobre las serias deficiencias en infraestructura, tecnología y personal que impedirían su implementación en la fecha prevista.
La decisión pone en pausa un cambio estructural clave en la justicia penal argentina: el nuevo modelo plantea que los fiscales asuman la investigación completa y los jueces actúen como garantes neutrales en audiencias públicas, con plazos máximos para resolver las causas penales. Aunque ya se implementó con éxito en Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia, en Comodoro Py la situación es otra.
Casal señaló en misivas dirigidas al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que actualmente existen 40 fiscales frente a 71 jueces, lo que representa una disparidad crítica. Además, alertó por vacantes sin cubrir, falta de espacios acondicionados y tecnología insuficiente para soportar el nuevo sistema acusatorio. También advirtió que la estructura presupuestaria no fue actualizada y que la Secretaría de Hacienda, liderada por Carlos Guberman, descartó incrementos en el financiamiento del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, el ministro Cúneo Libarona y el viceministro Sebastián Amerio defendieron el cronograma oficial, asegurando que se trabaja en obras edilicias, entrega de equipos informáticos y capacitación del personal. Amerio destacó que los casos "que antes tardaban más de un año ahora podrían resolverse en 72 horas", y que el sistema garantiza transparencia, oralidad y agilidad procesal.
En los tribunales, fiscales de Comodoro Py y del fuero Penal Económico firmaron notas reclamando la postergación inmediata. También lo hicieron representantes de las cámaras federales y defensores oficiales, advirtiendo que avanzar sin condiciones adecuadas haría fracasar el sistema acusatorio desde su comienzo.
El plan ahora contempla que el modelo entre en vigencia en Comodoro Py a partir del 11 de noviembre y se extienda durante diciembre a otras jurisdicciones federales pendientes. El Ministerio de Justicia se comprometió a finalizar adecuaciones en salones de audiencia, proveer computadoras y notebooks – incluyendo equipos "potenciados" según prioridades de los juzgados – y terminar de cubrir cargos vacantes mediante concursos recientemente cerrados.
El subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, también defendió las obras y destacó que se refaccionaron salas en Comodoro Py con proyección a sumar cinco auditorias habilitadas. A su vez, fiscales como Franco Picardi resaltaron la necesidad de reorganizar internamente el Ministerio Público Fiscal y que las oficinas judiciales estatales estén operativas antes del arranque del sistema oral.
La postergación busca garantizar una transición coordinada e imparcial. En otras provincias, la experiencia indica que una implementación apresurada puede traducirse en obstáculos y demoras procesales. Con esta reprogramación, el Gobierno busca evitar errores en un momento clave de cambio judicial y asegurar que el nuevo sistema funcione correctamente desde el inicio.
