Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Legisladores peronistas salieron a cuestionar con firmeza la propuesta del Gobierno nacional para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). Advierten que, de avanzar, esta decisión impactaría negativamente sobre tarifas, calidad del servicio y la capacidad del Estado para regular el suministro de agua potable.
El principal argumento de los representantes oficialistas es que la decisión privaría al Estado de una herramienta clave para garantizar un derecho esencial. Advirtieron que la privatización puede limitar la accesibilidad económica del servicio y abrir paso a una lógica de negocio que prioriza las ganancias por sobre el bienestar social.
En ese sentido, los legisladores reclaman que se convoquen audiencias públicas vinculantes antes de avanzar, de modo de garantizar la participación ciudadana y el planteo de objeciones concretas. Además, piden la realización de estudios de impacto sobre las condiciones sociales, económicas y de abastecimiento vinculadas a una eventual cesión de la empresa.
"Es fundamental que el Estado siga garantizando una gestión pública del agua potable", sostienen, argumentando que el servicio no puede quedar solo en manos del mercado. Reclaman también que se proteja el empleo de los trabajadores de AYSA y que se revise cualquier acuerdo que implique cambios en la propiedad o en la estructura operativa del organismo.
En paralelo, advirtieron que la falta de control público podría derivar en tarifazos imprevistos, demoras en las obras de ampliación de redes y degradación en la calidad del servicio, especialmente en zonas periféricas y sectores con menores recursos.
Hasta ahora, la iniciativa oficial sigue en debate. Diputados del Frente de Todos adelantaron que presentarán propuestas legislativas para frenar el proceso, planteando garantías mínimas para la continuidad del control estatal y regulaciones claras que limiten las ventajas a privados.
