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EL DIARIO digital
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En un golpe judicial contundente al tráfico ilegal de fentanilo, la justicia ordenó la inhibición de bienes al propietario de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de este opioide sintético. La medida incluye inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y otros bienes de alto valor, por el equivalente a varios millones de dólares.
El operativo fue el resultado de una investigación que vinculó al laboratorio con la fabricación y distribución de fentanilo casero, una droga con potencial altamente tóxico. A través de allanamientos en distintas ciudades, se secuestraron insumos químicos, formulaciones listas para venta y documentación que confirmaría la escala y peligrosidad del negocio.
El juez a cargo dictó la congelación preventiva de todos los bienes vinculados al dueño del laboratorio, con el fin de asegurar los activos mientras avanza el proceso penal. Esta determinación permite que el Estado preserve recursos equivalentes al presunto lucro obtenido, y sienta las bases para un eventual decomiso definitivo.
La investigación fue impulsada por la fiscalía federal en conjunto con fuerzas de seguridad especializadas, bajo el argumento de que el fentanilo representa una amenaza creciente para la salud pública. El laboratorio operativo producía dosis con alta pureza, listas para distribución, lo que eleva el nivel de riesgo y delito.
La inhibición de bienes se extiende a inmuebles residenciales y comerciales, vehículos de lujo y cuentas bancarias, abarcando un valor millonario. El objetivo judicial es desarmar el entramado económico detrás del tráfico de opioides sintéticos y enviar un mensaje firme a quienes operan con caminos ilegales.
Especialistas destacan que esta medida no busca solo castigar al responsable, sino también restringir la financiación de actividades criminales y crear un precedente en el ámbito judicial. Además, la causa ya estudia la participación de una red de distribución mayor, cuyos integrantes podrían ser investigadores como intermediarios o proveedores.
Para el avance del juicio, la fiscalía está compilando pruebas que incluyen registros bancarios, seguimientos telefónicos y testimonios de allegados. El proceso apunta a alcanzar una condena efectiva para el dueño del laboratorio, reconocida penalmente como operación de producción de sustancias prohibidas.
La causa continúa abierta y la próxima audiencia marcará etapas clave: se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas pruebas y testigos. La inhibición de bienes se mantiene activa hasta tanto finalice el proceso judicial y se decida sobre el destino definitivo de los activos involucrados.
