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EL DIARIO digital
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El gobierno de Javier Milei aplicará sanciones a las empresas de colectivos cuyos servicios se ven interrumpidos este jueves en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por una retención de tareas que provocó un paro de transporte que afecta a millones de personas.
El anuncio lo hizo la Secretaría de Transporte luego de apuntar también contra la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y responsabilizar al gremio por mantener una posición intransigente en la puja con las cámaras empresarias.
"En el marco del paro de colectivos en el AMBA, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), incrementó los controles en las cabeceras y realiza fiscalizaciones por el cumplimiento de la frecuencia de los servicios de las líneas de colectivo", arranca el comunicado difundido al mediodía, desde Transporte.
En consecuencia, informa, "las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998, con multas de hasta $4.050.000".
Ambas partes, la UTA y las cámaras empresariales, fueron convocadas de urgencia hoy por la mañana desde la Secretaría de Trabajo para acercar las posiciones. La cita estaba prevista para las 12.30 en la sede Callao de la dependencia laboral.
Pero antes del inicio de la reunión, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, habló de "extorsiones" y cargó contra los dirigentes gremiales: "Toman de rehén a los usuarios y no estamos dispuestos a ceder ante las extorsiones. La gente votó a nuestro Gobierno para combatir estos métodos extorsivos".
Puntualizó que se trata de "una interna gremial de la UTA" ya que "el motivo del paro es una pretensión del sindicato de cobrar una suma que es solo una expectativa, es decir, no es obligatoria, no es exigible". También el vocero presidencial Manuel Adorni, en su conferencia matutina, responsabilizó a los dirigentes gremiales por la parálisis del servicio.
En la audiencia convocada este martes en Transporte, no hubo punto de acuerdo entre las partes. Desde el Gobierno se alineaban con las empresas en torno a la interpretación del acta paritaria firmada y que no fija, de base, un salario en torno a los $937 mil como demandan en la UTA. En la UTA alegan que si no se incorpora el bono de $250 mil que cobraron en febrero, el salario liquidado de marzo será inferior.
No obstante, desde la Casa Rosada también presionan a los empresarios para alcanzar un punto de consenso con el gremio. Acorde a la posición que hicieron pública los funcionarios de Transporte en estas horas, "las empresas tienen la obligación de cumplir con los recorridos y frecuencias autorizadas por las autoridades para garantizar el transporte a los usuarios, además de brindar un servicio en buen estado de mantenimiento y respetar los derechos de quienes viajan".
En tal sentido, recordaron que las y los usuarios pueden denunciar la falta de frecuencia ante la CNRT.
