Pesca en el Mar Argentino: el Gobierno hará cambios en la ley Ómnibus

Adorni había dicho que el oficialismo está "abierto al diálogo y al debate"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno realizará cambios en los artículos de la ley ómnibus que habían generado preocupación en el sector pesquero y en las provincias patagónicas. El anuncio fue realizado luego de una reunión realizada este mediodía en Casa Rosada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

 De acuerdo a la visión del funcionario, hubo una interpretación errónea de las reformas planteadas por el proyecto que comenzará a ser debatido la próxima semana en el Congreso. "El espíritu es muy claro y se había creado una confusión sobre el sentido de las 200 millas que son para la pesca nacional", reconoció Francos.

El diario Infobae había anticipado que la redacción del artículo 245 de la ley implicaba de acuerdo a la lectura del sector el fin de la Zona Económica Exclusiva. "Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques", plantea.

 El inciso en cuestión modificaba de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la ZEEA (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente. El intendente Montenegro hoy habló con Infobae y alertó sobre las consecuencias que ya se sienten por la iniciativa nacional, particularmente en la industria naval. "Hoy nadie te va a fabricar un barco, se frenó eso. Y en la pesca, si se aprueba, los efectos serán inmediatos", dijo.

Antes de esa declaración, cinco gobernadores de diverso origen partidario pero unidos por su origen -todos del sur argentino- se expresaron esta semana en contra de las modificaciones que plantea la "Ley Ómnibus" en materia pesquera. Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, coincidieron en tres ejes principales que "afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina".

  La apertura a cambios contrasta con los planteos de intransigencia que venían planteando Javier Milei y sus ministros desde que se publicó el polémico articulado. Y, si accedieran, sería la primera concesión de La Libertad Avanza sobre el proyecto.

 "Ayer hablamos con (Federico) Sturzenegger y dijo que es posible que haya que revisar lo de la pesca, y que si hay algo que modificar, el Congreso lo tratará", sostuvo esta mañana el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini, que acaba de asumir el cargo tras la salida de Belén Stettler, en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Se refería al asesor de Milei en temas económicos, ex presidente del Banco Central durante el macrismo, que tuvo un rol central en la redacción del proyecto.

Minutos antes, en su rueda de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había deslizado una idea similar, pero con mayor cautela: "Estamos abiertos al diálogo y al debate. Una gran parte del debate legislativo es eso, ponernos de acuerdo, e intercambiar opiniones e ideas", dijo.

 El tema tomó centralidad el martes, cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, de PRO, salieron en tándem a rechazar la reforma en el régimen federal de pesca. Sin embargo, para el Gobierno se transformó en un problema de mayor magnitud cuando se sumaron al planteo el resto de los jefes provinciales del Sur que, además, lideran otras fuerzas políticas: Alberto Weretilneck (Río Negro); Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Rolando Figueroa (Neuquén). "Afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos", escribieron en un comunicado conjunto.

 Ante el incipiente conflicto, el encargado de poner paños fríos fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que convocó a Torres y a Montenegro, virtuales capitanes de los distritos pesqueros, esta tarde en su despacho en la planta baja de la Casa de Gobierno. Llevarán la palabra de los irritados empresarios del sector, quienes aseguran que nadie los consultó.

Torres estaba reunido desde el mediodía, en la Casa de Chubut, con la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA), Lisandro Balermini; el gerente general de la entidad, Marcelo González; Miguel Glikman, Mariano Pérez y Claudio Guida, de la empresa Newsan; Antonio Solimeno, Alberto Procelli y Daniel Coluccio, del Grupo Solimeno; Fernando Jorge Artigau, del Grupo San Isidro; Gustavo Casanovas y Pedro Gordillo, de la empresa Arbumasa; Guillermo Cervio, del Grupo Iberconsa; y María Luján Galban, del grupo Moscuzza.

 Su plan es presentar los tres ejes principales de la propuesta diseñada esta semana junto a sus pares sureños para frenar "algunos" cambios en la Ley de Pesca. En principio, el que más les importa evitar es la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, reglamentada en el Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), con el fundamento de que genera empleo "directa e indirectamente" en suelo argentino.

 "Con los cambios de la Ley Ómnibus, toda la cuota de recursos pesqueros que se licite podría descargarse en cualquier puerto, quitándonos algo tan preciado como es el control y la trazabilidad. Estamos hablando de buques que no tienen cámaras en bodegas y que no hay un control digital en redes como en otros países", dijo Torres en un nuevo comunicado, hoy.

Además, le pedirán al Gobierno que suspenda la implementación de los puntos que generan una competencia desigual en la asignación de cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, que actualmente establece que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia.

"Están planteando una visión unilateral de una persona en la Casa Rosada que desconoce totalmente la realidad heterogénea de la Argentina. Hay una cuestión económica, una de control y una trazabilidad, y otra, que es la más grave, que tiene que ver con una cuestión de soberanía básicamente", lanzó esta mañana Torres por radio, aunque sin mencionar a Sturzenegger. Esta mañana, Adorni había aclarado, ante una consulta periodística, que todos los artículos de la ley ómnibus fueron escritos desde el "expertise" del Gobierno.