La UIA apoyó el consenso para la "Ley bases" y advirtió por desafíos para el empleo y las pymes
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EL DIARIO digital
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Desde hace semanas, todos los viernes hay novedades con respecto al juicio por la expropiación de YPF. Y no son buenas para el Estado argentino. Se trata un juicio en el cual la jueza Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Manhattan, ya determinó la culpabilidad de Argentina en el proceso de nacionalizar la petrolera y la dejó a un paso de tener que pagar USD 16.000 millones, la cifra máxima que había pedido el demandante principal, el bufete inglés Burford Capital.
Ahora, mientras se espera la apelación de Argentina, se conoció un pedido del querellante del caso, por medio de sus abogados: quieren que la jueza los autorice a pedir embargos contra el país. Y ya mismo, en 30 días. Lo hizo enumerando los malos antecedentes que tiene históricamente el Estado a la hora de pagar.
"La negativa de Argentina a pagar sentencias está bien documentada y ampliamente reconocido", detalló el escrito firmado por el estudio King & Spalding. Se mencionan demandas como la de los holdouts y otros fallos en los que se habló de que "Argentina simplemente se negará a pagar cualquier sentencia", menciones a la "continua intransigencia al no honrar sus deudas judiciales legítimas" y señalando que el país "enfrenta el mayor número de reclamaciones de cualquier nación en el mundo y, hasta ahora, se ha negado a pagar sentencias en su contra".
Los demandantes volvieron a citar a Axel Kicillof quien en 2012, al momento de la expropiación, era viceministro de Economía. Lo citaron cuando en ese momento dijo que sería "una estupidez" cumplir con "la ley de la propia YPF" y "respetar sus estatutos". Incluso incluyeron un link a una entrevista del hoy gobernador bonaerense, el 10 de septiembre de este año, luego del fallo. "Es mentira que hay que pagar. Argentina va a apelar, no está firme, se va a seguir discutiendo. El fallo es un absoluto disparate, un absurdo jurídico. El reclamo es ilegal", dijo Kicillof.
"Esto es un bombazo", resumió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y uno de los mayores entendidos en esta extensa demanda que se tramitó por más de ocho años. "Estaba convencido de que Burford iba a esperar a comenzar el proceso de embargos hasta que se conociera la identidad del nuevo Presidente y negociar con sus abogados. Lo que están haciendo con esta carta es que no van a demorar el proceso de embargos. Quieren embargar desde ahora".
"Están utilizando esta carta como para presionar al Gobierno argentino para que decida qué va a hacer y sentarse a negociar y le están diciendo al próximo gobierno que no le van a hacer la vida fácil. Están mostrando que van a seguir la actitud que tomó NML Capital con Elliott Management y Paul Singer hace ya casi 8 años, cuando empezaron los embargos en la causa de los holdouts porque Argentina no quería cumplir con los fallos del juez Griesa. No sé qué va a pasar ni cómo harán para evitar embargos. Argentina debería apelar y poner un bono para evitarlos, pero no tiene dólares para hacerlo", agregó Maril.
La demanda
La semana pasada, Preska dejó firme su sentencia de hace 15 días. Así, indicó que Argentina deberá pagarle al estudio de abogados inglés Burford Capital unos USD 16.100 millones por haber realizado mal la expropiación de YPF en 2012.
Desde entonces comenzaron a correr interés de entre 5 y 6 por ciento que varía semanalmente y seguirá así hasta que la causa defina su rumbo. Se trata de una sentencia de primera instancia, que la jueza dio por cerrada hoy luego de una demanda que duró más de ocho años. Cómo se dijo, se está esperando la apelación del Estado representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
