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EL DIARIO digital
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó el pago del bono de 60 mil pesos para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pago de una suma fija de $60.000, en dos cuotas de $30.000 a cobrarse en septiembre y octubre, para los trabajadores privados y los estatales de la Nación con sueldos de hasta $400.000.
La entidad pyme sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular "atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto".
En particular, indicó que los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales "acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado".
"Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida", se quejó CAME.
Y advirtió que "la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente".
En tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitió un comunicado donde "manifiesta su profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno Nacional".
Para la entidad, "las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector".
Aunque reconoce el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la CAC advierte que "buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija".
