Diputados avanzó con el análisis de proyectos sobre los créditos hipotecarios UVA

Un plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados avanzó con el análisis del proyecto de Fomento al Desarrollo Agrobioindustrial, presentado el viernes pasado por legisladores oficialistas en base al texto que en 2021 remitió el Poder Ejecutivo, en el que se acordó continuar con el debate de la iniciativa en una próxima reunión.

El proyecto, que apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros), fue debatido en el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura, a cargo de Ricardo Buryaile y de Industria, que preside Marcelo Casaretto (Frente de Todos).

La iniciativa, que fue presentada el viernes pasado por los oficialistas Casaretto, Carlos Ponce, Carlos Heller, Germán Martínez -presidente de la bancada- y Carolina Yutrovic, entre otros, sintetiza el texto original del Poder Ejecutivo y algunas de las modificaciones propuestas en su paso por las comisiones durante el año pasado.

El objetivo es alcanzar en 2030 exportaciones por USD 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.

Al finalizar la reunión, Buryaile anunció que se "analizarán las sugerencias de los diputados" para evaluar "cómo sintetizar lo mejor posible la ley" junto con Casaretto y Heller, para acordar la fecha de la próxima reunión.

La iniciativa original, presentada en noviembre de 2021 en un acto celebrado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, perdió estado parlamentario el pasado 28 de febrero debido a que no pudo ser tratada durante el período de sesiones extraordinarias, pese a que figuraba como uno de los proyectos incluidos en el temario.

Según explicó Casaretto, el objetivo del proyecto es "ponerle fin a una disputa de años entre el agro y la industria y la industria y la tecnología".

Al iniciar la reunión, el diputado dio detalles de la iniciativa y precisó que el régimen "tendrá una vigencia de diez años" y atenderá especialmente las economías regionales.

Finalizado el mismo, se faculta al Poder Ejecutivo para extender el plazo si se cumplieron los objetivos y resultados esperados, en lugar de los cuatro años que establecía el proyecto original.

Según el legislador, a través de la iniciativa, se crea, además, la Ventanilla Única Digital para adherirse al Régimen y "se refuerza el concepto de ventanilla única digital, que sería la inclusión en este régimen para facilitar el acceso de parte de los productores agroindustriales".

El legislador del FDT explicó que se agrega además un párrafo en torno a las exclusiones del régimen, en el que se contempla "la exclusión de los sujetos condenados por el delito de quiebra fraudulenta que no van a poder entrar".

Asimismo, a través del proyecto, se incorporan los balances y estados contables, como requisito para el caso de las cooperativas, a diferencia de la iniciativa original que establecía que la incrementalidad se evaluaba cada año.

La iniciativa plantea además una reducción del plazo de amortización en todos los ítems a dos cuotas anuales, a diferencia del texto original, que era de tres y cuatro cuotas, a la vez que se elimina el listado de posiciones arancelarias y se amplía a todas las inversiones.

También, se incorporaron al texto original nuevos ítems como semovientes y plantaciones perennes, para ser amortizadas en dos años, en tanto que en el caso de las inversiones y construcciones, la cuota al 50% de su vida útil para las empresas medianas y grandes y para el resto de las categorías (micro y pequeña) se pasará a dos cuotas anuales.

En su momento, el proyecto fue presentado como el "resultado de un trabajo que duró más de un año, en el que participaron sectores del agro, productores, universidades y científicos".

Según se dijo, el proyecto "encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial", debido a que su elaboración fue consensuada con más de 60 entidades agropecuarias, con el objetivo de incrementar la inversión, sumar producción y el agregado de valor y generar empleo y mayores exportaciones.

Justicia santafesina

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen del proyecto que apunta a fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe, a fin de contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, en el marco de la ola de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario.

La iniciativa, que ya obtuvo dictamen semanas atrás en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, quedó de esta manera en condiciones de ser debatida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que el Frente de Todos buscará realizar el próximo martes.

El dictamen recibió la firma de 40 legisladores, según anunció al término de la reunión, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, que preside la comisión de Presupuesto.

Al iniciar el debate, Heller sostuvo que "seguimos avanzando porque esta es una parte, porque se requieren nuevas estructuras, personal, edificios, insumos" y destacó que se pidió a la Oficina de Presupuesto un informe sobre el impacto económico de la iniciativa.

Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.

La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.

Heller consideró que "este tema excede el tema del funcionamiento de la justicia" y dijo que "el narcotráfico lo vamos a resolver cuando se resuelva que se hace con la plata".

"El gran tema del mundo es cómo se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco y circule y permita hacer negocios", completó.

Fuerte cruce

En el marco de la reunión se produjo un fuerte cruce entre el legislador del FDT, Marcos Cleri, quien acusó a la oposición de "trabar todo" y responsabilizó a Juntos por el Cambio y al Socialismo por la situación que atraviesa Rosario.

El socialista Enrique Estévez rechazó esas afirmaciones y tildó de "mentiroso" y "provocador" al diputado oficialista, a la vez que reclamó al Senado que designe los integrantes de la comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal.

"Esta situación es responsabilidad de quiénes gobernaron los últimos 40 años la provincia donde avanzó el crimen organizado por políticas de ajuste y neoliberalismo. Lo que estamos padeciendo en Rosario tiene que ver con políticas de planificación. Yo vivo en Rosario. Nosotros tenemos un verdadero compromiso", aseguró Cleri, al rechazar cuestionamientos de legisladores de la oposición.

Previamente, el diputado radical por Santa Fe, Juan Martín, sostuvo que "no se va a resolver el problema" con esta iniciativa, en tanto que su par de bloque, Mario Barletta, cuestionó al oficialismo y afirmó: "No vayan a creer que es un tema de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires es 10 veces peor", a la vez que se preguntó: "Hasta dónde está preocupado el Gobierno nacional si no incorporó en extraordinarias este tema".

El debate se desarrolló tras la publicación la semana pasada del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto.

El impacto fiscal

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto, "el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1106 millones anuales, aproximadamente".

"El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen", señala.

Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en "$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional".

En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.

Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que "quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento".