Juicio a la Corte: Juntos por el Cambio denunció que el proceso "está viciado"

La oposición denunció que el oficialismo está convirtiendo a la comisión en un órgano "que puede producir inteligencia ilegal" violando el estado de derecho.

Si bien se levantaron de la reunión, aclararon que podrían volver a participar en el futuro únicamente para desempeñar un rol del control o para evitar que se hostigue a alguno de los testigos citados. "Vamos a ver caso por caso, cómo continúa este proceso", adelantó Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

El diputado del PRO Omar de Marchi señaló que la oposición busca no naturalizar esta agenda con la "verdadera agenda de la Argentina, que es el 100% de inflación y el 50% de pobreza".

En esa línea, argumentaron que el kirchnerismo busca dos objetivos: por un lado, desprestigiar al Poder Judicial que condenó a Cristina Kirchner por corrupción; y por otro, evitar que la sociedad se enfoque en los verdaderos problemas del país.

Luego de la conferencia, un grupo de diputados de JxC ingresó de nuevo a la reunión de Juicio Político "a fin de preservar los derechos y garantías de los testigos citados para hoy".

"Comenzamos la etapa de producción de la prueba. En el día de la fecha van a ser librados los oficios todos, excepto los que van dirigidos a DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) y tienen que ver con cruce de llamadas, para lo cual vamos a requerir la autorización del juez para llevar adelante esa prueba informativa", señaló la presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard.

Y agregó: "Preferimos preservar el procedimiento y llevar adelante la producción de prueba con todas las garantías y que esto sea claro, transparente y tenga la objetividad y la publicidad de cada uno de los actos".

En ese sentido, la entrerriana destacó que los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, "han sido notificados de la declaración de admisibilidad y también de que tienen la posibilidad de acceder en todo momento al expediente".

En tanto, el vicepresidente de la Comisión, el diputado de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López, leyó un escrito firmado por los legisladores de la oposición que integran ese cuerpo y señaló que "hay una serie de irregularidades que se sigue manteniendo" en el proceso.

"Advertimos que la Comisión no sólo ha cometido severas irregularidades, sino que además ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria", indica el texto en cuestión. Y agrega: "La Comisión está llevando adelante un proceso penal paralelo".

Acto seguido, López indicó: "Ahora vamos a levantarnos para poder contar a la sociedad más sobre lo que venimos a denunciar acá".

Ante esa decisión, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, expresó: "Una pena que no se pueda argumentar en esta comisión y que hayan recurrido a este argumento, que ya lo conocimos varias veces en el recinto. Cuando uno tiene pocos argumentos, lo mejor es levantarse e irse".

Y añadió: "Sin prueba producida no hay posible perjuicio y sin posible perjuicio no hay ningún margen de acción de nulidad".

Para este jueves fueron convocados a prestar declaración los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos; el ex titular de la Secretaría Judicial N° 5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, Cristian Abritta; el subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, Sergio Rubén Romero; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N° 2 Previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios, y Roberto Miguel Ángel Saggese, de la Vocalía de Rosatti.

La reunión tuvo momentos de rispideces entre oficialistas y opositores, como cuando el diputado del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez requería al juez Ramos qué entendía por "filtración": ante ello, la integrante de la bancada de la Coalición Cívica-ARI Mariana Stilman se quejó de las repreguntas. En ese momento, la kirchnerista Mara Brawer cruzó a la radical Karina Banfi por haber afirmado que la Comisión estaba funcionando como la Gestapo: "Quiero recordarle que Argentina es un país democrático y muchos de los que estamos acá, en esta Cámara, somos familiares de víctimas de la Gestapo. Le pido que no banalice situaciones que son delitos de lesa humanidad".

Juez Ramos

Ramos fue el magistrado que archivó en Comodoro Py una denuncia vinculada a los chats filtrados entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D?Alessandro, y el funcionario judicial Silvio Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal". Al ser interrogado sobre ese tema, el juez ratificó lo actuado y reiteró que no podía apartarse de lo resuelto en su fallo.

En el inicio de su declaración, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade le consultó cómo explica en términos jurídicos el concepto de "filtración" de datos y Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.

El magistrado dijo en ese sentido, en más de una oportunidad: "No me voy a mover ni una palabra de la resolución" porque "no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa".

En otro pasaje de su declaración, el juez federal sostuvo que "la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectada la garantía de un particular", sea o no funcionario público según aclaró.

"El sistema está plagado hace muchos años de denuncias que vienen acompañadas de una nota periodística inclusive que dan comienzo a causas en el fuero federal penal", contó el magistrado.

Ramos señaló que "dictar el archivo" de la causa "fue una medida urgente" y aclaró que "en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba", como el allanamiento de un teléfono celular.

Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con el asesor de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, en uso de licencia, Marcelo D' Alessandro.

Tailhade, por su parte, dijo a la prensa que "se filtraron chats entre D'Alessandro y Ramos, quien negó cualquier tipo de vínculo y trato con D'Alessandro".

"Todo indica que esos chats son verosímiles porque nadie salió a cuestionar esos mensajes, aunque en la Justicia se discute si son válidos para usar como pruebas", agregó.

"No hubo tanta sinceridad" por parte del magistrado, ya que "para mí los chats son ciertos", dijo el diputado del FdT, que cuestionó a Ramos "por haberse basado solamente en el dictamen del fiscal (Carlos) Stornelli para apurarse en archivar la causa".

El turno de Ramos Padilla

Después de dos horas del inicio de la reunión, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, recordó que la última vez que declaró en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, en 2019, "iniciaron un juicio político en mi contra".

"Si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante tres años conmigo mientras llevaba varias causas", advirtió Ramos Padilla.

Al ser consultado por el legislador López si conocía al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: "A Alberto Fernández no lo conozco. A la vicepresidenta la vi dos veces en diferentes ámbitos, como el velatorio de Alfredo Bravo en 2003, pero ella no me registró. A Axel Kicillof no lo conozco", remarcó.

Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior "se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montaron para hacer persecución política en el penal de Ezeiza".

Allí, el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas "estaban autorizadas por un juez", ante lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que "lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones".

"Conozco cómo se fraguaron esas escuchas y se intentaron blanquear. Por eso creo que la Corte tuvo una alta responsabilidad en cómo se estaba usando las escuchas en Argentina, ya que solo sacó una acordada en repudio en 2019 y no hizo una denuncia penal", apuntó el juez, que extendió su testimonio por casi dos horas.

La convocatoria de ambos magistrados estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles y Marcelo D?Alessandro, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".

Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".

Su colega Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.

Durante la jornada, la mayoría de las preguntas a Ramos fueron realizadas por los diputados del oficialismo, mientras que a Ramos Padilla lo hicieron los legisladores de la Coalición Cívica.