Caso Lola Chomnalez: condenan a 27 años y medio de prisión al femicida
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EL DIARIO digital
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Alberto Fernández se reunió este mediodía con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia) para discutir y acordar una postura común respecto al fallo que ayer dio a conocer la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión que se tomó en esa reunión fue no acatar el fallo de la Corte Suprema. La decisión política -que se definió en conjunto- es que ni el Presidente ni los mandatarios entregarán una partida que implique beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires y perjudicar al peronismo en sus decisiones de gestión, en lo que será un año atravesado por las elecciones que habrá en todo el país.
En el encuentro de hoy estuvieron en forma presencial Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
En un comunicado difundido esta tarde-noche -que el pampeano Ziliotto replicó en sus redes con la frase "defender el federalismo es defender La Pampa"- se remarcó que es considerado "un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento".
El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que "los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado".
"En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le trans?rió en el año 2016", señala el comunicado difundido por el Gobierno.
"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", insistieron.
También advierte el Gobierno que la Corte sostiene "de manera insólita que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación".
"En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal ?nalidad", remarca.
En la última parte del documento, informaron que el presidente Alberto Fernández "ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis' de la resolución cautelar dictada".
También los gobernadores y gobernadoras de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán "al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros ?rmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación 'in extremis' de la misma".
El fallo.
El máximo tribunal, a través de una medida cautelar, resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires.
Esa decisión fue tomada en un momento donde Axel Kicillof enfrentaba un conflicto salarial con la Policía Bonaerense. A las pocas horas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se presentó en la Corte Suprema y presentó un recurso de amparo para frenar el decreto que había sacado el Presidente.
Con el correr de los días el conflicto dejó de ser entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Los gobernadores entendieron que el gobierno porteño se estaba quedando con un porcentaje de coparticipación que no debía - que había sido otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri - que volvía a la Ciudad más rica de lo que ya es y que les impedía a ellos sumar ingresos coparticipables.
Desde hace largos meses que los gobernadores anticipan - como ejercicio de presión política - que la Corte Suprema iba a fallar a favor del gobierno porteño. Cuando ayer se conoció la resolución, se generó un estallido en el grupo de mandatarios. Creen, en gran medida, que fue un "fallo político" que busca empujar la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta.
El alcalde porteño cree lo contrario. Sostiene que el fallo conviene a los gobernadores, porque genera la jurisprudencia necesaria para permitirles asegurarse de que el gobierno nacional, sea cual sea el color político, no pueda quitarles en el futuro porcentajes de coparticipación en forma arbitraria.
