San Juan, un caso concreto de negociación fallida en la compra de vacunas

El fallido intento de la provincia de San Juan por adquirir vacunas contra el coronavirus por su cuenta, al margen del plan vacunatorio nacional, se demostró un verdadero problema para esa jurisdicción: el remedio fue claramente peor que la enfermedad, puesto que ahora San Juan no cuenta ni con esas vacunas ni con la millonaria cifra que depositó como garantía de la operación.

Es uno de los ejemplos que parece desaconsejar la aventura comercial de que las provincias compren vacunas por su cuenta, estrategia a la que otra vez se negó el gobernador Sergio Ziliotto en las últimas horas.

En abril el Gobierno nacional dio luz verde para que las provincias, los municipios o los privados de la Argentina pudieran salir a comprar vacunas contra el Covid-19 en el mercado internacional. Desde ese momento hubo provincias que le pusieron mucha energía a esa posibilidad, en general gobernadas por la oposición y con el jujeño Gerardo Morales como más activo ejemplo. Eso derramó a La Pampa: la oposición le reclamó a Ziliotto con insistencia que la provincia adquiriera vacunas.

En general los funcionarios provinciales se encontraron con la imposibilidad de negociar directamente con los laboratorios y entraron en juego una serie de intermediarios. Es el caso de la Gobernación de San Juan, a cargo de Sergio Uñac, y la empresa alemana “Rul AG”, que se comprometió a abastecer un millón de vacunas rusas Sputnik V, en mitades iguales de los componentes 1 y 2, a cambio de un precio aproximado de 18 euros la dosis, el doble de lo que paga Nación por el mismo producto en trato directo con los fabricantes. Pero el contrato se cayó tras sucesivos incumplimientos y la provincia teme quedarse sin las vacunas y sin el dinero que depositaron en garantía para conseguirlas.

“Rul AG” es una de las empresas validadas por los fabricantes de la Sputnik V para actuar en su representación. Sin embargo, el contacto con ellos no fue directo, sino a través de dos intermediarios contratados por esta compañía, llamados Rogelio Rengel y Javier Palma, según describe un artículo que firma Brenda Funes en Perfil. El 20 de abril, con una carta de intención (LOI, por las siglas en inglés), se definieron el precio y las condiciones, y se dio inicio a la operación que finalmente no llegaría a buen puerto.

En el mercado de las vacunas, cuando las operaciones no se hacen de Estado a Estado, los precios funcionan a modo de subasta. Teniendo en cuenta la particular situación de escasez al momento de la negociación, San Juan acordó un costo de 18 euros por dosis, algo así como el doble de la cotización de fábrica (otros países, como Israel, llegaron a pagar 45 euros cada vacuna de distintos orígenes corridos por la urgencia).

Las autoridades sanjuaninas depositaron 18 millones de euros en el reconocido agente de “escrow” londindense The Law Debenture Corporation en concepto de pago. Este tipo de entidades suelen ser contratadas para que las transacciones sean más segura y el dinero quede protegido en caso de que el acuerdo se caiga. El desembolso se realizó desde el Banco de la Nación Argentina, sucursal Madrid; y llegó a una cuenta de The Law Debenture Corporation en la sede parisina del banco HSBS Continental Europe. Ello ocurrió el 24 de mayo y, tal como establecían los convenios, las dosis debían ser entregadas 5 días hábiles después de la recepción del pago por parte del agente de custodia. Si el vendedor no cumplía este plazo, contaba con 3 días hábiles como plazo adicional. Es decir, el 31 de mayo y 3 de junio. El circuito cerraría y los fondos serían liberados una vez que las vacunas estuvieran oficialmente cargadas en las aeronaves para su entrega a la provincia de San Juan.

Llegada la fecha, el lote de vacunas no apareció. Dos aviones de Aerolíneas Argentinas ya estaban reservados y listos para emprender viaje a Moscú con escalas de ida y vuelta en Roma. La provincia, interesada en las vacunas, concedió nuevas fechas. En este punto, las distintas fuentes de un lado y del otro de la negociación difieren en los plazos. Del lado de los intermediarios hay asentada una primera prórroga el 18 de junio y una segunda el 25 de junio. Mientras que desde la gobernación de Sergio Uñac, se sostiene que hubo prórrogas los días 8, 14, 18 y 25 de junio. La transacción no se dio por la falta de la documentación que, por contrato, Rusia debía entregar a San Juan para certificar que los productos recibidos eran los autorizados por la autoridad sanitaria argentina para su consumo en el país. Tras esta serie de entregas fallidas, el gobierno de provincial dio de baja el acuerdo y espera a que desde el “escrow” devuelvan los 18 millones de euros girados.

Otras jurisdicciones también negociaron. El 4 de junio, la provincia de Buenos Aires anunció un acuerdo para comprar 10 millones de vacunas Covaxin. El Gobierno porteño y Mendoza avanzaron en conversaciones con CanSino, la primera por 1 millón de dosis y la segunda por 600.000. También Salta gestionaba con Johnson & Johnson (1 millón de inoculaciones), y Jujuy, por su parte, para traer 1 millón de Sinopharm. Hasta el momento, ninguna provincia logró que esas operaciones se materializaran.