La decisión política que faltaba y la problemática de siempre

Una de cal...

Y apareció finalmente la "decisión" política que faltaba, y que se reclamaba. El gobernador Sergio Ziliotto decidió escuchar el planteo de la Intersindical de gremios estatales y envío a la Cámara de Diputados una ley que impida el descuento de horas extra y presentismo, entre otros ítems, a los empleados públicos contagios por coronavirus.

Un decreto nacional que había entrado en vigencia el pasado 31 de diciembre dejó en forma inesperada sin esa protección a los agentes que no cumplían funciones en el área de Salud o de Seguridad. Una medida injusta que, afortunadamente, en el caso de nuestra provincia será corregida.

El reclamo también había sido planteado a través de este diario, y en esta misma columna.

Desde el Gobierno Provincial aclararon que -a pesar de que falta la aprobación de la normativa- no se aplicaron descuentos en el sueldo del mes de enero, ni tampoco se hará en febrero. El descuento por insistencia provocada por el COVID-19 en el mes de marzo quedará supeditado a la aprobación o rechazo que haga la Legislatura pampeana.

La rápida respuesta del gobernador se contrapuso con las ya desgastadas negociaciones que habían mantenido los sindicatos -intransigencia mediante- con el director de Personal, Juan Rivero, e incluso con el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado abogaron por un ágil tratamiento de parte de las y los diputados provinciales. Y dejaron entrever que con un decreto se hubiese allanado aún más el camino para que no se pierdan esos beneficios.

La opinión que dio en la semana el presidente del Bloque del PJ, Julio "Tato" González, parece dejar algo de tranquilidad en cuanto a su aprobación. "En lo personal considero que es un reclamo genuino de los trabajadores y también una respuesta acertada por parte del Ejecutivo Provincial", dijo el legislador ultravernista.

Falta -al menos públicamente- la postura de la oposición, que ya ha demostrado en más una ocasión que sus intereses no van en el mismo sentido que el desarrollo de la provincia.

Durante la semana que se fue también se conoció que La Pampa decidió abonar 500 millones de pesos de la deuda con ANSES, que los representantes locales de Juntos por el Cambio no dejaron refinanciar.

La ley 27.574 permite que las provincias argentinas puedan refinanciar en forma favorable, tanto en las condiciones de plazo como financieras, pero no logró el apoyo de los bloques opositores de la UCR y del PRO en la Cámara de Diputados

El resto de los distritos abonará la primera cuota el 15 de septiembre de 2025 y la última el 15 de marzo de 2031. Indudablemente, ese esquema de financiación le hubiese permitido a la provincia usar esos fondos con otros destinos específicos y relacionados con políticas públicas.

...y una de arena...

La seguidilla de siniestros viales fatales durante el mes de enero en la provincia encendieron una vez más una luz de alerta sobre una problemática que no tiene freno, y sobre la cual -hasta ahora- las políticas públicas resultaron insuficientes e ineficaces.

"No avanzamos en materia de seguridad vial. Esto es una pandemia que siempre se invisibilizó", afirmó en la semana la referente local de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González.

Y le asiste la razón. Es más, el exceso de velocidad sumado al alcohol al volante se ha convertido en un combo explosivo a lo largo del tiempo.

La estadística habla por sí sola: en la Argentina uno de cada cuatro siniestros viales que terminan con uno o más muertos se produce porque el conductor que lo causó tenía alcohol en sangre.

Ese dato lo difundió la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y varias ONG, que impulsa una ley que baje a cero el nivel de alcohol permitido al conducir en todo el país.

El saldo de este mes que finaliza en la provincia es trágico: 16 víctimas fatales y otras tantas con heridas graves.

En el caso de La Pampa, a la problemática se le suman las rutas extensas y monótonas. Como la accidenta Ruta Provincial 20.

"Cuando apareció el coronavirus se explicó qué había que hacer, cómo prevenir y educar. Con la seguridad vial pasa lo mismo, pero no se hace nada. La gente no dimensiona el riesgo que es esto. Falta una política pública, falta educación", reclamó con criterio González.

Lo que falta -indudablemente- es un compromiso de las autoridades que, hasta ahora, no hacen más que compartir el diagnóstico.

Una muestra clara es la inconcebible demora en el Congreso de la Nación para la aprobación de la ley de alcohol cero para conducir en todo el territorio nacional.

Esa normativa solo rige en ocho provincias: Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En el resto del país, para vehículos particulares no es infracción conducir con hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, y para los motociclistas con un tope de 0,2 gramos.

La iniciativa cuenta con el respaldo del consejo directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la Organización Panamericana de la Salud y el Foro de Entidades Científicas, compuesto por 50 instituciones.

De acuerdo a una encuesta de la Universidad de San Andrés, ocho de cada 10 personas están a favor de que quien conduce no beba.

Hasta ahora, en el caso de La Pampa, el único compromiso que la ONG logró obtener de la Cámara de Diputados es el "acompañamiento" de la iniciativa si se sanciona a nivel nacional.

Ningún argumento para no avanzar con la legislación es aceptable, además, si se tiene en cuenta la fácil implementación de la medida: simplemente se establece que no se podrá conducir un vehículo de cualquier tipo habiendo tomado alcohol.