Trump pidió evacuar Teherán y advirtió: "Irán no puede tener un arma nuclear"
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Provincias de los Andes del Perú, acompañadas esta vez por algunas de la costa, son las protagonistas de las movilizaciones que se registran en los últimos días en demanda del cierre del Congreso, de nuevas elecciones y de nueva Constitución tras la destitución del presidente Pedro Castillo, mientras Lima permanece casi impávida ante la crisis, en lo que parece un nuevo capítulo de la histórica fractura sociopolítica y geográfica del país.
"Hoy el país arde. Un pueblo cansado del maltrato y la desidia de un Estado centralista, de la indiferencia de las élites, de los congresistas, de los medios y de los políticos, ha decidido incendiar la pradera", comentó el analista Alberto Adrianzén, en medio de las movilizaciones que dejan nueve muertos en una semana.
"Sin embargo, la pregunta es si ello resuelve la crisis que vivimos. La experiencia pasada diría que no. Para eso se requiere de una transición pactada y pausada", añadió de inmediato Adrianzén, un sociólogo de izquierda, en una columna del diario La República.
En diálogo con Télam desde dos ciudades del interior, Trujillo y Chiclayo, los politólogos Martín Ueda y Roger Santa Cruz coincidieron en que las respuestas populares tras los hechos de la semana pasada, cuando Castillo fue destituido por el Congreso, reflejan esa ruptura histórica en las visiones de país.
Aunque en Lima hubo movilizaciones focalizadas en el centro de la ciudad, las que en algunos casos se tornaron violentas, su impacto ha sido incomparable con las registradas en departamentos andinos como Apurímac y Arequipa, entre otros, prácticamente paralizados y en pie de guerra.
Hoy todo el país está bajo estado de emergencia, lo que supone restricciones a los derechos constitucionales.
El esperado diálogo aún no arranca, en medio de falta de liderazgos visibles entre los manifestantes y en una respuesta fundamentalmente represiva y despectiva del Gobierno, según Ueda y Santa Cruz.
Los manifestantes tratan ahora de coordinar acciones para avanzar hacia Lima, lo que para Ueda genera incertidumbre por las dificultades de las Fuerzas Armadas para implementar mecanismos de contención que generen poco daño.
En tanto, para Santa Cruz, abre el riesgo de un encuentro "no necesariamente amigable" entre los "dos mundos".
Para el doctor en Ciencia Política, José Alejandro Godoy, lo que tendría que hacer la presidenta Dina Boluarte es encarar un diálogo no a través de los congresistas, como hace hasta ahora, sino de los gobiernos regionales, que pueden interpretar mejor a sus propias poblaciones.
Según encuestas previas a la destitución de Castillo y su reemplazo por Boluarte, una amplia mayoría en todo el país se decantaba por unas nuevas elecciones que le pusieran fin anticipado tanto al Ejecutivo como el Legislativo, ambos duramente rechazados por la ciudadanía, para salir de la crisis.
La declarada intención inicial de la nueva mandataria de quedarse hasta el fin del quinquenio, en 2026, acompañada por el mismo Congreso manejado por fuerzas de derecha dura, atizó una molestia popular que no se moderó siquiera cuando la gobernante prometió después elecciones para 2024 o incluso para diciembre de 2023.
