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EL DIARIO digital
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Una severa crisis financiera y política sacude a Paraguay tras la intervención decretada por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank, una de las entidades con mayor volumen de usuarios del país. La medida frena la operatoria de casi 2,94 millones de clientes y enciende las alarmas por la solvencia del sistema, mientras se multiplican las protestas callejeras en Asunción.
El directorio del BCP aprobó por unanimidad el "procedimiento de resolución" al comprobarse que el índice de solvencia de Ueno cayó por debajo del 50% del mínimo legal requerido. La Superintendencia de Bancos designó interventores para resguardar los activos, al tiempo que se confirmó la detención de ocho directivos de la firma, entre ellos Miguel Almada.
Conflicto de intereses
El colapso de Ueno impacta de lleno en el gobierno del presidente Santiago Peña, quien fue accionista del holding propietario de la entidad hasta marzo de 2025. Tras asumir la magistratura en 2023, Peña había nombrado como presidente del BCP a Carlos Carvallo, ex titular del banco intervenido. En medio del escándalo, Carvallo puso su renuncia a disposición de forma inmediata y fue reemplazado interinamente por Liana Caballero.
El impacto institucional es multimillonario: se estima que alrededor de 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) —que administra los fondos de 32.000 jubilados— quedaron retenidos en la entidad, junto con depósitos pertenecientes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a la represa binacional Itaipú.
Garantías de depósitos
Para contener el pánico bancario, el BCP recordó que los depósitos cuentan con una garantía estatal de hasta 75 salarios mínimos (unos 36.700 dólares por titular), monto que comenzaría a abonarse en un plazo de 15 a 30 días corridos (entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre). No obstante, persiste la incertidumbre sobre cómo cobrarán los clientes que operaban únicamente con Ueno o los jubilados que deben percibir sus haberes a mediados de mes.
En paralelo, cientos de ahorristas "autoconvocados" se concentraron en las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Armas de Asunción. Los manifestantes mantuvieron una vigilia de protesta exigiendo la restitución inmediata de sus fondos congelados y la puesta en marcha de un juicio político contra el presidente Santiago Peña por presunto mal desempeño y conflicto de intereses.
