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EL DIARIO digital
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El Ministerio Público de Brasil pidió este martes al Tribunal de Cuentas (TCU) que bloquee los activos del expresidente Jair Bolsonaro, así como del suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el exsecretario de Seguridad del Distrito Federal (DF) Anderson Torres, luego del asalto a los edificios de los tres poderes perpetrado el domingo por militantes bolsonaristas.
La solicitud del fiscal Lucas Rocha Furtado impulsa el proceso abierto por el TCU a petición del propio Ministerio Público para que el Tribunal ayude a identificar a los responsables de financiar, idear y ejecutar los actos terroristas, así como a los funcionarios públicos que incumplieron sus deberes, recogió el portal de noticias G1, del grupo O Globo.
El objetivo del Ministerio Público con la solicitud es garantizar los recursos para cualquier indemnización pública para el caso de que los funcionarios sean condenados a pagar un resarcimiento.
Rocha Furtado, fiscal general adjunto del Ministerio Público, fue el encargado de enviar el pedido al TCU.
Además del bloqueo de los bienes de Bolsonaro, Rocha y Torres, el fiscal solicitó la misma inmovilización para "otros responsables, especialmente los que financiaron los citados actos ilícitos".
El caso se abrió este lunes y aún no se ha tomado ninguna decisión.
El TCU es un tribunal previsto en la Constitución de Brasil para ejercer el control contable, financiero, presupuestario, operativo y patrimonial de la nación y de los entes de administración.
Además, asiste al Congreso Nacional en la planificación fiscal y presupuestaria anual.
"Debido a un proceso de auditoría y al vandalismo ocurrido en el Distrito Federal el 8 de enero de 2023, que causó numerosos daños al erario federal, solicito que se decrete la indisponibilidad de bienes", señala la solicitud, según recogió la cadena de noticias CNN Brasil.
Si el tribunal detecta la participación directa o indirecta de agentes públicos en actos nocivos, se los puede condenar al pago de una multa e incluso a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta 8 años.
