Los jueces Balaguer y Vagge y el fiscal Sancho ofrecieron 70.000 pesos cada uno para cerrar un acuerdo. "Es insuficiente”, aseguró el fiscal general, Jorge Marcelo Amado. 

Los funcionarios judiciales involucrados en la causa judicial por violación de la cuarentena durante el Día del Amigo buscan llegar a un acuerdo para evitar el juicio oral. Pero hasta el momento se vienen quedando cortos con el ofrecimiento que han realizado para buscarle una salida alternativa a la causa. Hace poco más de una semana, la defensa de los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge y el fiscal general Guillermo Sancho, entre otros, ofertó 70.000 pesos cada uno.

La cifra, que había sido anticipada por El Diario unos días antes, recibió el rechazo del Ministerio Público Fiscal. “Lo consideramos insuficiente teniendo en cuenta la magnitud de las personas que están involucradas”, le dijo a El Diario el fiscal general, Jorge Marcelo Amado. A pesar de esto, desde la Fiscalía le corrieron vista al Gobierno Provincial, querellante en la causa. “Sobre la propuesta le corrimos vista a la querella, pero inmediatamente la defensa nos planteó que ese ofrecimiento no lo tengamos en cuenta porque iban a hacer otra propuesta”, comentó Amado.

Así las cosas, hasta ayer en el expediente no había ninguna otra propuesta por lo que desde la Fiscalía informaron que están esperando que la Oficina Judicial le ponga fecha a la Audiencia de Formalización.

Amado comentó que “aparentemente la defensa está en diálogo con la querella”. Dijo que “si bien la opinión no es vinculante, es importante que, en caso de haber acuerdo, la querella esté conforme para evitar cualquier tipo de apelaciones que dilaten la causa”.

“Independientemente de la posibilidad de hacer un acuerdo, nosotros seguimos con el trámite normal del expediente y está solicitada la realización de la Audiencia de Formalización”, afirmó Amado. Justificó el retraso en ese trámite por la pandemia de coronavirus. “Yo acá estoy haciendo teletrabajo y tengo 60 expedientes por violación del artículo 205 para resolver”, dijo. Insistió en que la pandemia ha retrasado esos trámites porque se requiere que sean con público. En realidad se realizan de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.

Cuando se realice la formalización, además de Balaguer, Vagge y Sancho también serán acusados de haber infringido el artículo 205 del Código Penal, el exfuncionario de Salud, Pedro Arcuri; el empresario Carlos Ruiz Pérez; y el abogado santarroseño Marcelo Molín.

El empresario achense Carlos Ruiz Pérez resultó positivo de coronavirus. Con los datos que brindó en el seguimiento epidemiológico de su caso, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, presentó una denuncia penal ante la sospecha de que los participantes a un encuentro social podrían haber violado la cuarentena. La decisión de Salud fue aislar a los participantes del encuentro (Pablo Balaguer, Guillermo Sancho, Miguel Vagge, Pedro Arcuri y Marcelo Molín) en forma preventiva, aunque luego se comprobó que no resultaron contagiados.

El juez Vagge y Ruiz fueron los únicos que dieron una versión pública del hecho, cuando admitieron que se juntaron a compartir “una picada” y estimaron que se fueron de la casa de Balaguer poco después de las 20, máximo 20:30. El Gobierno Provincial echó a un funcionario que estuvo presente en el encuentro -Pedro Arcuri- y se presentó como querellante en la causa. Los funcionarios judiciales solo pueden ser removidos de sus cargos a través de un jury de enjuiciamiento.

El fiscal Andrés Torino quedó a cargo de la investigación después de que el primer fiscal de la causa, Maximiliano Paulucci, se apartara por la relación de amistad que mantiene con su colega Sancho.

Los jueces Miguel Vagge y Pablo Balaguer, el fiscal general Guillermo Sancho, el empresario Carlos Ruiz y el abogado Marcelo Molín ya habían hecho una oferta de reparación a través del pago de una multa (20.000 pesos). Pero la Fiscalía les respondió que era prematuro resolver esa oferta. Desde el inicio de la investigación, la defensa de los funcionarios judiciales intentó hacer caer la causa hasta que el Superior Tribunal de Justicia le puso un freno a los recursos.