El abogado querellante José Cedrún Gutiérrez habló sobre el caso de Simplicio Albornoz y el empresario Antonio De Franco.

El abogado querellante José Cedrún Gutiérrez se opuso al pedido de sobreseimiento porque los plazos de prescripción no deberían correr durante la pandemia, ya que durante varias semanas no hubo actividad judicial.

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“Las causales de suspensión de la prescripción no se limitan al supuesto hecho que establece el CPP de la Provincia. En realidad, la suspensión de la prescripción de la acción penal opera cuando por causas imprevisibles y, por tanto, no sujetas a la voluntad de las partes, la investigación fiscal o el proceso penal no pueden seguir su curso normal, con independencia de cuál sea la razón de fondo que genere dicha situación. Por tanto, los plazos de prescripción se encontrarán suspendidos durante todo el tiempo que dure el Estado de Emergencia, no pudiendo computarse los días de aislamiento social obligatorio para efectos de declarar prescripta la acción en ningún caso”, fundamentó el querellante.

Agregó que “lo lógico es que la declaratoria del estado de emergencia genere la suspensión de la prescripción de la acción penal. Esto debido a que la prescripción es el plazo que tiene el Estado para cumplir con su obligación de investigar y pronunciarse respecto a hechos de relevancia penal. Por tanto, el tiempo durante el cual sea materialmente imposible realizar actividades destinadas al esclarecimiento de hechos de apariencia delictiva no debería ser contabilizado para efectos de extinguir dicho deber”.

Cedrún Gutiérrez explicó que “cuando se dispuso la suspensión del debate oral, el señor fiscal advirtió que se oponía a la suspensión del debate porque se podría operar la prescripción. Sin embargo, la defensa del imputado estuvo de acuerdo con dicha suspensión al igual que esta parte porque todos corríamos serios riesgos en la salud... sin embargo, ahora lo usaron de trampolín para lanzarse a esta dislocada aventura”.