La diputada Sandra Fonseca pidió un formal posicionamiento del Estado provincial, que las autoridades ya han hecho pública después de que en el mes de junio se potenciara la disputa entre abolicionismo y reglamentario.

La diputada Sandra Fonseca, representante del bloque Comunidad Organizada presentó un proyecto de resolución por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos , fije posición ante la Cámara de Diputados sobre la prostitución y/o explotación sexual. En realidad, el oficialismo ya sentó una clara posición abolicionista por distintas vías, en diversos ámbitos y en boca de varias autoridades.

La iniciativa contó con el acompañamiento de legisladoras del FREJUPA , la UCR y el PRO.

Fonseca recordó que ya ha dicho que "es el Estado quien debe realizar el abordaje necesario sin vulnerar los derechos humanos de las personas".

Fonseca planteó: “la prostitución es una problemática que debemos abordar como representantes del pueblo, esta se encuentra íntimamente relacionada con la trata de personas con fines sexuales”.

Recordó, tal como ya lo hicieron desde el Ejecutivo provincial, que “Argentina ha adoptado una postura abolicionista, significa que todo tipo de prostitución es explotación del cuerpo de otro/a y la considera como un grave atentado contra la dignidad de las personas que se encuentran en dicho estado; estas personas son víctimas. No reconoce diferencia entre prostitución libre y forzada porque las situaciones de prostitución no se dan nunca en libertad, las personas son consideradas, en todos los casos como mercancías”, describió la legisladora tiernista.

Desempolvó entonces un episodio político del mes de junio, cuando el Ministerio de Desarrollo Social "propuso a la prostitución como una categoría posible en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), dando luego marcha atrás", aclaró. En ese momento, autoridades pampeanas salieron al cruce de la propuesta a nivel nacional.

"Nuestra provincia debe fijar una postura al respecto; reconocer la prostitución como trabajo es consentir distintos tipos de violencia; económica, psicológica, física, entre otras; es ir contra los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, contra la ley nacional Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas , sería un gran error y un grosero retroceso”, enumeró Fonseca.

Aseveró, finalmente, que “las políticas públicas nunca son neutras, promueven la equidad o profundizan la desigualdad y la violencia”.