Víctimas de violencia de género denuncian intento de desalojo

Tres mujeres que acusaron al propietario de un complejo de departamentos de la calle Italia del barrio Villa Germinal de amenazas, intento de desalojo y de cortarles los servicios en plena pandemia de coronavirus.

Las mujeres identificaron al dueño de los departamentos como Hugo Turcoman y contaron que les aumentó el alquiler casi un 20 %: según el departamento, pagan 9.500 o 14.000 pesos por mes. No tienen servicio de cloacas y los residuos líquidos van a parar a la calle. Los sólidos “los carga en una camioneta” y los tira en uno terrenos cercanos.

Este viernes por la tarde le pidió a una de ellas, de 29 años, que se fuera con su hija de 3 años porque le debe dos meses de alquiler y le cortó la luz. En la misma situación se encuentra una joven de 21 años con dos bebes de un año.

Una tercera mujer, de 33 años con hijos de 11, 9, 8 y 6 años, que le debe “medio mes”, contó que a ella también le advirtió que le iba a desalojar.

Altercado

Ayer a la tarde se presentó la policía en el complejo de la calle Italia al 2900 porque la discusión entre el hombre y las mujeres subió de tono y una de ellas cansada del maltrato verbal, le pegó una cachetada.

Efectivos de la Seccional Segunda intervinieron para apaciguar la situación y se retiraron junto al propietario.

“Seguro que me fue a hacer la denuncia, te dice cualquier cosa, drogadicta, lo que se te ocurra. Estás en tu casa y se te mete sin avisar, te corta la luz y hasta una vez me cortó el gas en la madrugada”, señaló.

“Yo me había ido a acostar y dejé las hornallas prendidas porque tengo el vidrio roto. Me desperté por el olor a gas, me lo había cortado, y luego lo volvió a conectar”, añadió.

Violencia

Las tres son personas en situación de violencia de género. Un victimario está detenido, otro con orden de restricción de acercamiento y con pulsera electrónica. El tercero, tiene también una restricción de acercamiento y a la mujer le otorgaron un botón antipánico.

Viven en un complejo con servicios precarios y llegaron hasta allí porque es uno de los que el estado, ya sea provincial o municipal, conoce que acepta a víctimas de violencia y no exige los requisitos del mercado inmobiliario.

Si bien no establecen relación formal con el estado, el propietario conoce la situación y sabe que va a cobrar con subsidios estatales. Esta vez “hubo un atraso administrativo” por el cual dos de las tres mujeres deben dos meses.

El Diario consultó a organismos municipales y provinciales que reconocieron el atraso y aseguraron que se comprometían a solucionarlo la próxima semana.

Asistidas

Las mujeres contaron a El Diario que “las tres llegamos por lo mismo, por violencia de género y acá te trae el gobierno. Provincia hace el mayor aporte y la municipalidad completa para poder pagar el alquiler”.

“Los subsidios son para este hombre y nosotras vivimos con lo que nos queda, la asignación universal y la tarjeta alimentar”, añadieron.

La mujer que tuvo hoy el altercado con Turcoman relató que “había hecho la compra de los 4 mil pesos de la tarjeta y este hombre me hizo que todo se echara a perder porque me cortó la luz a la noche y al otro día estaba todo podrido”.

Dos de ellas ya conocían el lugar desde hace más de dos años, cuando fueron al lugar tras la primera denuncia por violencia de género contra sus parejas. “Yo ya estuve hace dos años, me fui, y ahora volví hace 8 meses”, relató.

Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Santa Rosa confirmaron que son “intervenciones de la gestión anterior pero nosotros al conocer el complejo y tener las denuncias que se han hecho contra el propietario, no recomendamos que vayan a ese lugar”. En el mismo sentido se expresaron desde la Dirección de Género y Diversidad.

Por su parte, desde la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes aclararon que “nosotros no establecemos ninguna relación con los propietarios de los lugares, pero es cierto que no son muchos los que reciben a mujeres con niños y niñas y que permiten el ingreso sin garantía para el alquiler.

Al final del día las autoridades provinciales le garantizaron el pago del subsidio y el propietario desistió del desalojo, pero mantenía el corte del servicio de luz.