La parte demandante aseveró que antes del desalojo hubo dos sentencias, una en 2016, otra en 2018 y la orden de desalojo, en 2019. Responsabilizan al abogado por no “decirles la verdad”.

La abogada Camila Aimar, representante de la propietaria del terreno, Graciela Rodríguez, explicó que la demanda se inició en 2013 y el desalojo se llevó a cabo con sentencia firme. “Si la familia durmió en un auto, es responsabilidad del abogado que no les dijo la verdad”, aseveró.

El lunes a la mañana la policía por orden de la jueza Adriana Pascual ejecutó un desalojo en la calle Macachín al 2.000, donde vivía José Luis Maya con su pareja, sus dos nueras y tres nietos.

Maya contó que vivía en el lugar desde el 30 de marzo de 1999 y se quejó porque “ahora, 19 años después, la dueña se acuerda que tenía un terreno”. En ese espacio construyeron la vivienda que habitaron hasta ayer.

Sin embargo, la parte demandante aclaró que “Graciela Aimer Rodríguez inició un expediente de reivindicación por este terreno. Con ese trámite, se suspende la acción y se deja de contar el plazo para la posesión veinteñal. No es cierto que llevaba 19 años, el plazo que vale es el que va desde 1999 a 2013”, explicó Aimar.

Además, en 2016 “mi clienta gana en primera instancia y ya en ese momento correspondía que se fuera de ahí. Él apela a la Cámara de Apelaciones y la Sala I le vuelve a dar la razón a Graciela Rodríguez en 2018”.

“En ese momento se lo intima a Maya a dejar el lugar en 10 o 15 días pero ellos siempre se negaron a hacerlo. En 2018 se produce la segunda sentencia y vuelven a apelar. Cuando contesta la demanda, argumenta que es poseedor de la tierra y que la municipalidad le dio la posesión. Yo le digo a él y a cualquier persona que la municipalidad no puede hacer eso”, aseveró.

Camila Aimar agrega que “en abril 2019 iniciamos la ejecución de la sentencia y en todo momento se actuó en cumplimiento del Códio Procesal” vigente.
“La orden de desalojo estaba desde abril de 2020 y por la pandemia se demoró. Pero este desalojo no tiene nada que ver con la pandemia ni es de un día para el otro. Lo firma una jueza y se entiende que la jueza sabe cómo actúa”, añadió.

Sobre el desalojo, por último, dijo que “la orden arrancaba ayer pero era para una salida pacífica, incluso sabiendo que se podía demorar dos o tres días. Ellos se negaron a sacar las cosas asesorados por un abogado que los engañó o no sabe nada. No tiene más recursos para actuar, se tata de la ejecución de una sentencia firme”.

La familia Maya además de pedir que les dejen la casa, para el caso del desalojo, demandan que se les reconozca todo lo gastado, con la construcción incluida.

“La gente está con lo puesto porque el abogado se negó a que se llevaran las cosas. No sé cuál será su estrategia, pero cualquier abogado le hubiera dicho que se vaya y que el dinero se reclamaba por otra vía”, dijo Aimar.

Responsabilidad

Camila Aimar lamento la situación pero le apunó al abogado Pablo Pintos “porque parece que no les explicó la situación, no les dijo la verdad. Dice que entró hora al expediente y que lo vio la semana pasada. Cualquier buen abogado les dice que se tienen que ir, que hay una sentencia”.

“La gente ésta durmió en un auto porque este abogado es un mamarracho. El se presentó en el expediente y no lo leyó. Estaba el mandamiento para el desalojo. Lo que hizo es una falta total de respeto”, aseveró.

“La casa está cerrada con los muebles adentro porque este hombre no colaboró. Esta gente tiene que conocer la realidad, dejar a ese abogado. Si durmieron en un auto es por culpa de ese abogado”, acusó.

Según Camila Aimar, fuentes judiciales le habrían contado que la familia obtuvo un subsidio para pagar un alquiler y hasta les habrían prometido una vivienda social.

“No fue un operativo relámpago ni cayó la policía de golpe. Se les habló bien y la policía estuvo bien. La orden era desalojarlo en el transcurso de dos o tres días y sin violencia. Pero este abogado lo que hizo fue tirar humo para que Maya no se diera cuenta de que él no había leído el expediente”, finalizó.