Cloacas del Butaló: los vecinos piden que la Municipalidad apele un fallo

En el Concejo Deliberante, se realizó un encuentro entre vecinos del barrio Butaló Walter Bernal, Juán González y Néstor Cavassa quienes estuvieron acompañados por el abogado Omar Gebruers.

La reunión fue con las concejalas y concejales Fabiana Castañiera de Comunidad Organizada, Claudia Giorgis y Pablo Pera del Bloque Frepam y Marcelo Guerrero de Propuesta Federal.

Castañiera abrió la reunión manifestando que la misma se organizó por pedido de los vecinos que solicitaron ser escuchados por la Comisión de Obras Públicas del Concejo, pero el bloque del Frejupa negó esa posibilidad.

Los vecinos acompañaron fotografías y actas de reuniones desde el año 2015 demostrando una vez más como se vieron perjudicados a raíz de la obra de renovación cloacal llevada adelante en el año 2014.

Además expresaron “su desilusión” por que los integrantes del oficialismo reiteradamente se negaron a recibirlos.

“Expresaron que este es un asunto que trasciende los colores partidarios y no es su intención reproche alguno en tal sentido, sino procurar una solución a su problemática que desde hace tiempo, y con innumerables signos ha quedado fehacientemente demostrado”, dijo un comunicado de los bloques opositores.

Con detalle pormenorizado y asistidos por material audiovisual, los vecinos relataron los elementos probatorios delatores del daño sufrido como consecuencia de la obra del año 2014 de recambio de cañería cloacal llevada a cabo por la empresa Jubete, que ya se hayan incorporada a la causa y algunos otros cuyo material quedó a disposición del municipio.

El vecino, Walter Bernal, fue claro al definir la situación demostrando las penurias que sufrieron y aún sufren las y los residentes de la zona que deben ser reconocidas y resarcidas.

Los vecinos testimoniaron que transcurridos algunos meses de aquella obra comenzaron la multiplicación de hechos que reflejaban la deficiente conexión cloacal. A raíz de ello se movilizaron las y los vecinos cursando incontables reclamos al municipio demostrando fallas en el sistema de evacuación cloacal.

La causa ventilada en la justicia federal encontró un llamativo parate con el auto que dictó la falta de mérito respecto a los imputados, exhortando al fiscal a la presentación de mayores indicios probatorios para que pueda ser elevada a juicio.

La evaluación realizada por el juzgador fue calificada por los damnificados como incongruente con el material que se había aportado, en tal sentido se remarcó que las imágenes son más que elocuentes, tanto de la mala praxis de la obra, como de los daños que la misma ocasionó.

Gebruers -quien fue consultado por esta causa- dijo que se probaron “todos los extremos sugeridos en la causa y que de ello debería haberse dictaminado la elevación de causa a juicio”.

Al respecto repasó que, en primer término, la obra no fue ejecutada en su totalidad, pero fue cobrada como si ello efectivamente hubiese sucedido, con este acto se demuestra el ardid o engaño del empresario contratado por el hecho de haber cobrado una certificación sabiendo que correspondía a trabajos que no había realizado. Así mismo destacó que un pliego de contratación de obra pública regula las relaciones entre el estado y las empresas contratantes, y a él deben someterse como a la ley misma, porque tiene la misma naturaleza jurídica entre las partes.

“Nunca, por voluntad posterior, se puede modificar la estructura central de un pliego, que en este caso consistía en el recambio de cañería central y reemplazo de cada una de las acometidas domiciliarias”, afirmó.

En la causa se dijo por los imputados que por órdenes verbales decidieron –ilegalmente” -acotó el abogado- no llevar a cabo el recambio de las acometidas como marcaba el pliego, con todo el daño que luego ello generó. “Este hecho roza la lisa confesión de culpabilidad. Los beneficios de no hacer las acometidas domiciliarias hasta un metro de la línea municipal eran muchos, ahorro de trabajo humano, materiales, no se hicieron las remociones de tierra, tampoco la colocación de asfalto en su lugar, redundando todo esto en un beneficio por ahorro de costos”, dijo.

“Pero esto no es todo, a este accionar lo acompañó el accionar displicente de la inspección de obra que certifico tareas que no fueron llevadas a cabo, entonces cabe la pregunta de qué era lo que en verdad observaba el inspector”, señala el informe de la reunión.

Recordó que en la causa, el inspector de obra afirmó que estaba en Canadá cuando con su supuesta firma, que no reconoce totalmente, se hacen las certificaciones. Ciertamente era imposible que constate personalmente el avance de obra. Pero ello no le pareció relevante al magistrado.

El letrado afirmó que “la ausencia de represalias por actuar ilegalmente parece alentar a que estas experiencias se repitan en el futuro. Es por ello que resulta tan importante agotar por todas las vías disponibles, los mecanismos de reparación”. dijo.

Como la Municipalidad de Santa Rosa mantiene su rol como querellante, los vecinos solicitaron a los concejales presentes su intervención al respecto.

En un interesante intercambio de ideas se barajaron diferentes acciones a fin de instar al Ejecutivo Municipal a que actúe en la causa en defensa de los vecinos y del Estado Municipal. Se resolvió –entre otras medidas elevar en conjunto vecinos y concejales todo este material y solicitar reunión con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad para que en su rol de querellante lo eleve al Fiscal en cuyas manos continúa la investigación con miras a conseguir el reconocimiento del derecho diezmado por el mal accionar de los acusados”, dicen los concejales opositores.

El juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, dictó en julio pasado la falta de mérito del ex intendente de Santa Rosa, Luis Larrañaga, de otros exfuncionarios municipales, y del empresario Omar Jubete y el ingeniero de la empresa constructora, en la causa por la denuncia de irregularidades en la obra de renovación de la red cloacal del barrio Butaló de Santa Rosa.

También resultaron favorecidos por la falta de mérito los ex funcionarios municipales Adolfo Antonio Bruno (inspector), Nicolás Echeverría (director), Daniel Antonio Ucciardello (secretario de OPúblicas) y el ingeniero de la empresa constructora, Mario Daniel Giandón.