Intimidan a testigos en el juicio de Bahía Blanca

La Fiscalía del juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Bahía Blanca para esclarecer el accionar de la Triple A, advirtió su preocupación por la intimidación a testigos. El debate indaga sobre los episodios que tuvieron por víctimas, entre otras, a dos personas de La Pampa. Además la patota que actuó en la zona tenía vínculo directo con la que hizo de las suyas en nuestra provincia.

Una testigo contó en el debate que recibió un llamado del acusado Juan Carlos Curzio luego de ser convocada a contar su versión de los hechos.

La Unidad de DDHH en la jurisdicción resaltó el miedo de muchos de ellos frente a la organización criminal aún en la actualidad, lo que en algunos casos los determinó a no participar de las audiencias. Se pidió la detención del imputado, pero el Tribunal le impuso la prohibición de comunicarse.

Las jornadas de debate -que se retomarán el 11 de agosto- contaron con la participación del auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien interviene junto al fiscal general Miguel ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia.

En la causa se juzga la responsabilidad de Juan Carlos Curzio, Héctor ángel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Raúl Roberto Aceituno, acusados de haber formado parte de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975. Hay dos víctimas de La Pampa.

A su vez, se imputa a Aceituno ser coautor directo del homicidio agravado del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo, hecho cometido a plena luz del día en los pasillos del edificio central de la Universidad Nacional del Sur. Esa institución es querellante en el juicio, junto a la organización Hijos Bahía Blanca y la familia de otra de las víctimas, Luis Jesús “Negrito” García. Todos los delitos fueron calificados por la fiscalía como de lesa humanidad y constitutivos de genocidio.

La máxima expresión de la violencia

El primer testigo en declarar fue un militante del Partido Comunista que en 1974 ingresó como albañil al ámbito de la construcción. Relató el violento proceso de penetración de la patota de la Triple A entre los trabajadores y militantes de base de esa actividad.

El testimonio -describe Fiscales.gob.ar- dio cuenta del modo en que esa práctica de violencia alcanzó su máxima expresión con el asesinato de Luis Jesús “Negrito” García, delegado de la obra de construcción y militante del FAS. García, de 18 años, fue secuestrado de su domicilio el 21 de septiembre de 1974 y su cuerpo fue encontrado, acribillado, horas más tarde en la localidad de General Cerri.

El testigo describió distintos episodios en los que presenció la actuación de la patota en la represión de asambleas y actos políticos de la UOCRA, con portación de armas, intimidación y golpiza a los trabajadores presentes. En tales circunstancias constató la presencia de los imputados Aceituno y Pallero, entre otros matones que respondían a las órdenes de Rodolfo Ponce, por entonces secretario de la CGT local y sindicado por la acusación fiscal como uno de los jefes de la asociación ilícita.

Habló además de las oportunidades en que presenció el patrullaje de la “fiambrera” en las calles de Bahía Blanca, en una de las cuales identificó a bordo a los acusados Curzio, Forcelli y Aceituno, exhibiendo armas. Se trata de un vehículo Fiat 125 azul que, junto a un Dodge Polara verde, utilizaban los integrantes de la organización paraestatal para operar en la ciudad, y que –según los dichos del testigo– solían estar estacionados en la sede de la CGT en la esquina de las calles Mitre y Rodríguez.

A su vez, identificó a los imputados Forcelli y Pallero como miembros de la Juventud Sindical Peronista, junto a otros integrantes de la patota como “Chacho” Pérez.

El mismo día comenzó a recibirse declaración a los testigos del caso de Alberto Mario Pojomovsky, comerciante de la ciudad y militante del Partido Comunista, que fue baleado por un grupo armado mientras circulaba en su vehículo el 29 de julio de 1975. La víctima falleció veinte días más tarde, producto de los numerosos impactos recibidos.

La patota de Ponce

A continuación declaró la primera testigo en prestar testimonio por el caso de Pojomovsky. Su relato versó sobre la amistad que unía a Pojomosvky con su padre, un dirigente del gremio de los ferroviarios, a quien la víctima le había contado sobre una amenaza de muerte recibida con anterioridad. Contó además que cuando su padre visitó a un agonizante Pojomovsky en el hospital, éste le dijo que los atacantes eran integrantes de la patota de Rodolfo Ponce.

La testigo declaró ser prima de uno de los integrantes del mismo grupo paraestatal, Basilio “Chacho” Pérez -ya fallecido-, que en aquel entonces oficiaba como chofer de Ponce. Este familiar en una reunión le contó con sorna cómo habían matado al “Negrito” García, a quien le habían cortado los testículos. Además Pérez, en una oportunidad, advirtió a su padre -quien ya había recibido notas con amenazas de muerte de las AAA- que la patota iba a ametrallar su casa.

La mujer individualizó a distintos miembros del grupo paraestatal, entre los que mencionó a Raúl Roberto Aceituno, a quien conocía desde la infancia, y cuyos padres vivían a la vuelta de su casa. Relató el modo en que el padre del acusado –compañero ferroviario de su padre– le contaba llorando a éste último las andanzas de su hijo.

Dijo que en el barrio de Ingeniero White aquella actividad ilícita del imputado era vox populi, quien solía trasladarse en un Falcon rojo junto a otros dos integrantes de la patota de apellido Cardona y Pascualli.

Por otra parte, la testigo relató que este año recibió un llamado telefónico del imputado Juan Carlos Curzio, luego de que fuera citada a brindar declaración testimonial y de que el debate se suspendiera en razón de la pandemia. Dijo que previo haberse comunicado al teléfono de su socia comercial con intención de hablar con la testigo, Curzio la llamó a su casa sin dar a conocer el motivo del llamado. Se presentó únicamente por el nombre de pila y, tras la insistencia de la testigo por saber de quién se trataba, éste le manifestó que se conocían por haber frecuentado una cantina que aquélla explotaba en el barrio de Ingeniero White. Al caer en la cuenta de que se trataba del imputado e increparlo por los delitos que se le atribuían, éste le dijo que lo habían involucrado “por un dinero”, tras lo cual la testigo interrumpió la comunicación.

El episodio motivó el pedido de detención de Curzio por parte del auxiliar fiscal Fermento, en los términos del artículo 366 última parte del Código Procesal Penal de la Nación: bajo el entendimiento de que sin existir relación previa de trato con la testigo y sin que ésta le hubiera proporcionado su teléfono, la llamada no podía tener otro propósito que el de intimidarla y condicionar su testimonio. Al respecto, señaló que es notorio el miedo que muchos de los testigos albergan aún en la actualidad frente a la organización criminal investigada, lo que en muchos casos resulta impeditivo para prestar testimonio en el juicio, situación que incluso –según el fiscal– determinó el desistimiento de testigos que, por tal motivo, expresaron su voluntad de no participar en el proceso. Frente a esta preocupante situación, invitó a los jueces a preguntarse sobre el mensaje que debía enviarse al resto de los testigos convocados a prestar declaración frente a la actuación de uno de los acusados que, encontrándose excarcelado, asumía la conducta descripta.

El pedido no tuvo acogida del tribunal, que no obstante, durante la audiencia del 30 de julio impuso al acusado la prohibición de comunicarse y contactarse por cualquier medio con los testigos del proceso penal, bajo la condición de disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria. A su vez, solicitó al Programa Verdad y Justicia que informara sobre los temores expresados por los testigos notificados.

El tercero de los testigos en declarar en la audiencia del 29 de julio fue un militante gremial de la Asociación de Empleados de Comercio, quien relató un episodio en que junto a otro integrante de ese sindicato solicitaron una reunión al rector interventor de la UNS Remus Tetu, sindicado por la acusación fiscal como el otro de los jefes de la organización ilícita, encargado de introducir a la patota en el medio universitario. El testigo explicó que la reunión en la oficina del rector fue muy breve, ya que Tetu se limitó a sacar una pistola del cajón y manifestar “ahora mandamos nosotros”. En el acto, la puerta de la oficina era custodiada por uno de los acusados, Héctor ángel Forcelli, quien exhibía una pistola en la cintura.

El testigo identificó a Forcelli como uno de los hombres de Ponce, a quienes llamaban “los chicos malos”, y con quienes trataban de no tener relación.

La actuación de la patota en la Universidad

La audiencia del 30 de julio se inició con el testimonio de un ex empleado administrativo del rectorado de la UNS, quien describió la actuación del grupo armado dentro del recinto universitario introducido por el rector Tetu: identificó a Aceituno como uno de los que actuaba en el edificio del Rectorado. El testigo describió el clima de temor que vivían los empleados frente a la presencia de este grupo, al que identificó con la Triple A en Bahía Blanca. Dijo que al jefe de este grupo, de apellido Argibay, se le atribuía el asesinato de un estudiante mientras repartía panfletos, y contó distintos episodios de intimidación vividos en el lugar de trabajo.

El segundo testigo de la jornada fue un ex conscripto que cumplió con el servicio militar en 1976 en el Comando Vto Cuerpo de Ejército. Mientras se desempeñaba como chofer de la custodia de Acdel Vilas, segundo comandante de esa gran unidad militar, constató la presencia en ese grupo de dos hermanos de apellido Chisu, quienes utilizaban los apodos “Petaca” y “Botella”; previamente habían actuado como custodios de Ponce. Se trata de dos de los agentes a los que la acusación fiscal individualiza como integrantes de la Triple A bahiense. Ambos fallecieron: uno de ellos -Héctor Oscar Chisu- murió meses antes del inicio del debate.

Finalmente, declaró el ex director del Departamento de Matemática de la casa de altos estudios, quien en octubre de 1974 recibió una nota escrita con una amenaza de muerte suscripta por la AAA. La amenaza -que también fue remitida a otras cuatro personas del medio universitario– determinó al testigo a radicarse en Venezuela, exilio que duró casi una década.

Las audiencias de juicio continúan el 11, 12 y 13 de agosto.