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El gobernador Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado para que "se constituya en calidad de querellante". La causa se originó a partir de la denuncia realizada por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, luego de la violación de la cuarentena durante un encuentro por el Día del Amigo.
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EL DIARIO digital
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Crece en magnitud el escándalo por la violación de la cuarentena cometida, entre otros, por dos jueces y un fiscal santarroseño durante el festejo del Día del Amigo. Este viernes a la mañana se conoció que el gobernador Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado para que el Poder Ejecutivo "se constituya en calidad de querellante".
En los fundamentos del decreto se destaca que "la supuesta acción desplegada por los imputados reviste de gravedad institucional" y que "el Estado provincial no puede omitir el caso teniendo en cuenta la función que desempeñan algunos de ellos".
El escándalo salpica al magistrado del Tribunal de Impugnación Penal, Pablo Balaguer, al juez contravencional Miguel Vagge; y al fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Sancho.
La causa se originó a partir de una denuncia realizada por el subsecretario de Salud de la provincia, Gustavo Vera, luego de la violación de la cuarentena durante un encuentro por el Día del Amigo. En la reunión estuvo el empresario achense, Carlos Ruiz Pérez, contagiado de coronavirus.
Tal como informó El Diario, finalmente será un fiscal santarroseño el que investigará el hecho. Así lo confirmó el procurador general, Mario Bongianino.
Bongianino aclaró que el expediente no terminará en manos del fiscal general de Pico, Armando Agüero, como sugirió en declaraciones públicas el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa.
El procurador contó a este diario que se aceptó el apartamiento del fiscal Máximo Paulucci del caso, pero que ahora lo tramita el fiscal general Marcelo Amado –no está de licencia, si cumpliendo funciones en modalidad teletrabajo-, quien después de los primeros pasos preliminares asignará a un fiscal de Santa Rosa la investigación.
El caso ya se convirtió en un escándalo en la justicia. El propio Sappa advirtió que los funcionarios judiciales podrían perder el cargo en un jury de enjuiciamiento. El gobierno provincial, en tanto, echó a un funcionario que participó del ágape: el Coordinador de la Planta Automotor del Ministerio de Salud, Pedro Arcuri.
Fundamentos del decreto
En los fundamentos de la normativa firmada en la mañana de este viernes se expresa que "la situación sanitaria en relación a la pandemia conocida como COVID-19 es extraordinaria y sin precedentes" y que "la Provincia de La Pampa, en consonancia con el Estado Nacional, ha requerido la colaboración de todos los sectores de la Sociedad para resguardar la salud de su población"
También recuerda que "la autoridad sanitaria provincial ha realizado un esfuerzo inmensurable para evitar que la pandemia se instale en esta provincia", y que "se han dictado distintas medidas en resguardo de la Salud Pública de toda la población"
"Entre dichas medidas -continúa- por Decreto N° 1134/20 se restringió la circulación interprovincial, pudiendo egresar de la provincia únicamente por razones estrictamente laborales a las localidades limítrofes que no sean "Zonas definidas con transmisión local en Argentina" del COVID 19, siempre que cuenten con autorización individual previa".
Otro párrafo del decreto firmado por Ziliotto, indica que "por Decreto N° 1375/20, se estableció que las reuniones sociales y familiares solo podían realizarse los días domingos a jueves de 8:00 a 20:00 horas y viernes y sábados de 08:00 a 24:00 horas", y que "de acuerdo a la denuncia realizada y legajo judicial iniciado en consecuencia los involucrados se habrían reunido fuera del horario permitido".
"El Estado provincial no puede omitir el caso teniendo en cuenta la función que desempeñan algunos de ellos, haciendo necesario instruir al Fiscal de Estado a constituirse como querellante en representación de la provincia de La Pampa", resalta la norma.
"La presencia del Estado Provincial como querellante puede brindar aún más transparencia al proceso, máxime si tenemos en cuenta que tres de las –hasta ahora 8 personas investigadas- pertenecen a altos cargos del Poder Judicial –mismo Poder- que los investigará y juzgará. (El Dr. Guillermo Sancho es Fiscal General, el Dr. Miguel Vagge es Juez de Faltas y el Dr. Pablo Balaguer es Juez del Excmo. Tribunal de Impugnación Penal)", enumera.
Además, el decreto subraya que "la supuesta acción desplegada por los imputados reviste de gravedad institucional, lo que justifica la presente querella, que tiene por fin realizar un contralor del proceso, colaborando en la producción de prueba y en el esclarecimiento rápido de la verdad objetiva".
En otro tramo, la normativa -elaborada en el marco de las atribuciones emergentes del artículo 81 inciso 14) de la Constitución Provincial- señala que "el artículo 101 de la Constitución de la Provincia de La Pampa atribuye al Fiscal de Estado legitimación y personería para intervenir en todos aquellos juicios en los que se controviertan intereses de la provincia, habiéndose reglamentado por la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado y Procuración -Norma Jurídica de Facto Nº 888- el modo, atribuciones y los deberes del Fiscal de Estado para la defensa de los intereses de la provincia".
