Un reclamo atendido y una deuda pendiente

Una de cal...

Las movilizadas vecinas del barrio Almafuerte lograron durante la semana que se va dar un paso adelante en sus intenciones de que los gobiernos al menos tengan en cuenta los reclamos que vienen sosteniendo: una representación de habitantes de esa zona de Santa Rosa participó de un encuentro con autoridades provinciales y municipales.

El presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, Jorge Lezcano, llevó la voz cantante en el encuentro en el que el Estado al menos dio la cara frente a una problemática de la que es responsable central, no solo por la obligación que tiene de respetar los derechos de las personas, sino porque fueron los propios gobiernos quienes indujeron a esos vecinos y vecinas a instalar sus viviendas en una zona inundable, no apta para residir.

También participó del encuentro el intendente Luciano di Nápoli, quien aseguró que afrontarán las obras necesarias para empezar a buscar soluciones, advirtiendo respecto de los costos que ese emprendimiento tendría: "Mucha plata y mucho tiempo", explicó.

El paso adelante para quienes padecen los problemas de infraestructura y sufrieron en cierta soledad las últimas inundaciones fue sentir que había alguna autoridad dispuesta a atender y quizá entender los planteos que derivan de esa lamentable situación.

En rigor, no hubo grandes precisiones respecto de cuáles serán los pasos a dar ni cómo es que los Estados se proponen encontrar solución a un viejo inconveniente, en un contexto en el que nada indica que la semana que viene no pueda haber otro fenómeno meteorológico con los mismos resultados.

Lezcano soltó en medio de la reunión una frase que permite suponer que la Provincia pondrá energías en el asunto: "Si hay que derrumbar una casa y hacerla de nuevo, lo haremos", dijo el funcionario, frente a vecinas entrenadas en escuchar promesas incumplidas.

Serán necesarios seguramente estudios y análisis más profundos antes de determinar cuál es la salida indicada para un problema ante el que el propio Estado antes hizo oídos sordos y ojos ciegos: fueron los gobiernos del propio justicialismo los que permitieron y alentaron la conformación de ese barrio Almafuerte pese a que no existían las necesarias garantías de que el lugar permitiría vivir sin este tipo de obstáculos.

Una propuesta opositora que se analizó en el Concejo Deliberante tiempo atrás, sumada a un proyecto legislativo provincial en el mismo sentido, sugiere que quizá la mejor solución sería otorgar a las personas perjudicadas en todo este proceso una vivienda social en otro punto de la capital provincial, y en el marco de los nuevos programas que implementará el Estado.

La situación que han sufrido esas familias es apenas una de las tantas que forman parte de la historia reciente de la ciudad y de la provincia, y que en general están atadas a situaciones de corrupción, desidia, pereza o incompetencia por parte de las autoridades que han tomado decisiones sin preocuparse por la vida de las personas.

...y una de arena...

La visita del ministro de Educación Nicolás Trotta no terminó de ahuyentar el cúmulo de dudas que marcan los días de quienes forman parte de la comunidad educativa, en pleno regreso de algunas de las actividades y cuando se aproxima irremediablemente el día en que regresará a pleno el ciclo lectivo.

El próximo 8 de marzo está marcado como el día en el calendario en que regresarán las clases, pero ni los docentes ni las familias tienen en claro en qué condiciones será, y todo eso en el marco de un proceso en el que la claridad de la información y comunicación ministerial ha dejado bastante que desear.

Claro está que la mayoría de las decisiones son en este caso territoriales, más allá de que el Gobierno Nacional ha terminado cediendo a las presiones, especialmente porteñas, que dan por segura la supuesta necesidad de un regreso a las aulas aun cuando la situación sanitaria no es muy diferente que la que el año pasado obligó al desarrollo de mecanismos virtuales y remotos.

Cualquier decisión que se tome tiene sus pro y sus contra, porque no hay dudas de que así como hubo menos riesgos sanitarios también se abrió la puerta a que tuvieran más peso las inequidades y desigualdades ya existentes: la brecha existente en cuanto a la conectividad perjudica sin dudas a los sectores más vulnerados económicamente.

La visita del ministro nacional permitió que atendiera tanto respaldos a algunas políticas como reclamos de diversos sectores, entre ellos especialmente la Universidad Nacional de La Pampa y los distintos gremios que agrupan al sector trabajador.

El funcionario adoptó ciertos compromisos y repitió algunas fórmulas que viene sosteniendo públicamente desde hace tiempo, en una gestión que no está entre las mejor evaluadas dentro del Gobierno Nacional, incluso por algunos sectores y referencias que forman parte de la propia alianza que llegó al Estado desde el Frente de Todos.

Más allá de los pasos que protagonice la Nación, el papel del Ministerio provincial también está algo desdibujado y en algunos aspectos no ha estado a la altura de las circunstancias, más allá de que desde lo económico y laboral hay acuerdo con la docencia y se comprenden las difíciles circunstancias de gestionar en pandemia y después de cuatro años de neoliberalismo dañino.

Eso no impide que salgan a la luz algunas distracciones oficiales de esta hora, ciertas limitaciones a la hora de difundir y esclarecer la información, múltiples confusiones sobre las decisiones que se toman o dejan de tomarse: el 8 de marzo es un Día D y ni la docencia ni las familias tienen en claro cómo es que se producirá ese regreso a las aulas.

Quizá las dos semanas por venir serán claves en ese sentido, y bienvenido sería que el Ministerio mejore en ese sentido su performance, puesto que hasta el momento hay frente a esta problemática una cuenta pendiente.