Las tareas están a cargo de una firma de Rosario y esta mañana hicieron trabajos en la playa judicial de Santa Rosa. Seguirán en General Acha y 25 de Mayo.

El Superior Tribunal de Justicia comenzó hoy con la compactación de vehículos y chatarras en Santa Rosa, en el marco en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom).

Los trabajos se iniciaron la semana pasada en General Pico y continuarán luego en General Acha y 25 de Mayo, abarcando en total a unos 250 automotores. El resultado final de la compactación se estima entre 250 y 270 toneladas.

La iniciativa del STJ tiene fines "ambientales y sociales, ya que por un lado permite mejorar el medio ambiente al eliminar residuos y chatarras, y por el otro contribuye a reforzar el sistema sanitario" ya que lo recaudado con la venta de la compactación será donado a la Asociación Cooperadora del Hospital Lucio Molas.

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En el lugar estuvieron el administrador general del Poder Judicial, Diego Aguirre; la secretaria legal María Soledad Sallaberry; el secretario técnico Carlos Alvarado; y el coordinador de la Oficina de Objetos Secuestrados, Néstor Javier Perassi. Ellos explicaron que la compactación alcanza a vehículos secuestrados durante la vigencia de la ley 332, que es anterior Código Procesal Penal que rigió hasta principios de 2011.

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La empresa rosarina encargada de las tareas está trabajando en La Pampa con una dotación de cuatro empleados. Ellos, antes de la compactación, retiran los fluidos, las baterías y los tubos de GNC de los vehículos.

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"Este es el puntapié inicial de una idea que esperamos tenga continuidad en el tiempo. Se trata de vehículos que fueron secuestrados hace más de diez años y con los plazos vencidos para ser reclamados por sus propietarios. Con esta compactación, además del fin social de entregarle lo recaudado a una institución de la comunidad, se resuelven problemas de contaminación porque permite limpiar las playas judiciales", destacó Salaberry.

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En ese sentido, resaltó que esta compactación le costará al Superior Tribunal de Justicia "cero peso” porque la firma que lleva adelante los trabajos fue contratada por el Pronacom, un programa que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.