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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - Este jueves comenzó en los Tribunales de General Pico el juicio oral y público contra María Ester Fernández, exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Isabel, acusada de fraude en perjuicio de la administración pública por el presunto uso de una tarjeta alimentaria perteneciente a una beneficiaria del programa provincial Pilquén. La operación investigada fue una compra de frutas por poco más de 27.000 pesos.
La causa investiga una operación realizada el 30 de noviembre de 2024 en el comercio Almacén El Negrito, ubicado sobre la Ruta Nacional 143 al 60, en Santa Isabel. Según la acusación, la exfuncionaria habría utilizado sin autorización una tarjeta a nombre de Solange Paula Guajardo para comprar frutas por un monto de 27.570 pesos. La titular del beneficio no habría tenido conocimiento de esa operación y se habría enterado días después por intermedio de su hermana.
El debate se desarrolla ante el juez Carlos Federico Pellegrino, con la intervención de los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, junto a Luciana Grossi. La defensa está a cargo del abogado Eduardo Martínez. También participan las querellas, en representación de la damnificada y de la Municipalidad de Santa Isabel.
Durante los alegatos de apertura quedaron planteadas dos posiciones contrapuestas sobre el hecho y la responsabilidad de Fernández. Mientras la Fiscalía buscará acreditar que la exfuncionaria se valió de su cargo para acceder a una tarjeta que no le correspondía y utilizar fondos públicos en beneficio propio, la defensa puso en duda la consistencia de la investigación y la configuración del delito.
La hipótesis fiscal
El fiscal Matías Juan sostuvo que la acusada habría aprovechado su condición de secretaria de Desarrollo Social y las responsabilidades que tenía en la administración y distribución de las tarjetas alimentarias para acceder al plástico de Guajardo y utilizarlo sin su consentimiento.
Para el Ministerio Público Fiscal, la operación comercial constituyó un aprovechamiento indebido de recursos estatales que estaban destinados a cubrir las necesidades alimentarias de una beneficiaria. Durante el debate, la acusación intentará demostrar que Fernández realizó personalmente la compra, que utilizó una tarjeta ajena sin autorización y que esa conducta provocó un perjuicio a la administración pública.
Juan anticipó que la Fiscalía buscará acreditar esos extremos mediante documentación, informes y declaraciones testimoniales. El objetivo planteado por los acusadores es obtener un veredicto condenatorio y demostrar la responsabilidad penal de la exfuncionaria más allá de toda duda razonable.
La defensa cuestionó la investigación
Por su parte, Eduardo Martínez rechazó los argumentos de la acusación y adelantó que solicitará la absolución de Fernández. Uno de los ejes de su exposición estuvo centrado en la descripción del delito: consideró que la Fiscalía no explicó cuál habría sido el ardid o engaño utilizado por su defendida, un elemento que entiende indispensable para configurar la figura de fraude prevista en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal.
El abogado también cuestionó que la investigación no haya reunido elementos suficientes para acreditar que Fernández estuvo en el comercio y realizó la operación en las circunstancias señaladas. En particular, objetó el testimonio de quien sería la única persona que presenció el hecho, cuya declaración, según planteó, fue tomada un año y ocho meses después y no habría confirmado la hipótesis fiscal.
Martínez calificó de deficitaria y carente de objetividad la investigación preparatoria. Sostuvo que se habría trabajado sobre una hipótesis previa sin profundizar en elementos que pudieran favorecer a la acusada y remarcó que la Fiscalía deberá probar tanto el uso de la tarjeta como la falta de autorización, la existencia de una maniobra engañosa y el perjuicio económico.
Al cerrar su exposición, el defensor ratificó el planteo que sostendrá durante el juicio: "Al final de este debate, esta defensa va a solicitar la absolución de María Esther Fernández, porque no será probada la culpabilidad de mi clienta y no superará la Fiscalía, por el hecho de la investigación misma, el estándar mínimo de duda razonable para obtener un veredicto condenatorio".
Hoy, viernes, se desarrollará la segunda y última jornada de debate, donde se analizarán las últimas pruebas y se avanzará en los alegatos de clausura, para dar lugar luego a una sentencia que deberá determinar si la exfuncionaria utilizó irregularmente una tarjeta alimentaria y cometió fraude contra la administración pública o si, como sostiene su defensa, no existen elementos suficientes para responsabilizarla penalmente.