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EL DIARIO digital
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El diputado Hipólito "Poli" Altolaguirre explicó los motivos por los que el Bloque UCR votó en contra del Presupuesto 2027, que contempla gastos por más de 3,28 billones de pesos. Cuestionó las diferencias entre las cifras difundidas por el Gobierno y los fondos asignados a cada ministerio, el peso de los gastos administrativos, la falta de inversiones y la distribución de recursos.
El jefe del bloque radical sostuvo que las prioridades del Gobierno no responden adecuadamente a las necesidades de quienes producen, trabajan y viven en La Pampa.
El legislador explicó que su bancada analizó las planillas oficiales y solicitó aclaraciones a los funcionarios durante las reuniones de comisión. A partir de ese trabajo, señaló diferencias entre los porcentajes anunciados públicamente y los recursos que cada ministerio tendrá bajo su administración directa.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a los fondos destinados al desarrollo productivo.
Altolaguirre señaló que el Gobierno presentó una asignación cercana al 17% del presupuesto para actividades vinculadas con la producción. Sin embargo, explicó que ese cálculo incluye gastos de rutas, comunicaciones y operaciones de compra y reventa de energía eléctrica.
Según el análisis expuesto por el diputado, el Ministerio de la Producción administrará directamente $40.323 millones, equivalentes al 1,23% del presupuesto provincial.
Para el legislador, esta diferencia resulta especialmente preocupante en una provincia cuya economía depende en gran medida del campo, la industria y el comercio.
Cifras cuestionadas
Altolaguirre también puso el foco en la distribución de los recursos educativos.
Indicó que, mientras el Gobierno difundió una participación del 25,45% para educación, el presupuesto propio del ministerio representa el 20,58% del total. Explicó que el porcentaje más elevado incorpora partidas de otros organismos y gastos relacionados con esa finalidad.
Una situación similar, sostuvo, se presenta en Desarrollo Social. Según detalló, el área contará con $111.276 millones, equivalentes al 3,39% del presupuesto, frente al 7% anunciado para el conjunto de políticas comprendidas en esa función.
Además, cuestionó cuánto dinero se destina al funcionamiento administrativo y cuánto llega directamente a las personas que necesitan asistencia.
"De cada 10 pesos en Desarrollo Social, casi 4 se quedan adentro del propio Estado antes de llegar a un vecino", expresó.
Menos inversión y más gasto
Otro de los ejes del discurso fue el costo de las estructuras estatales.
El diputado mencionó el caso del Ministerio de Conectividad y Modernización, cuyo presupuesto asciende a $23.900 millones. Según su exposición, una parte considerable de esos recursos se destina a salarios y licencias informáticas, mientras que la inversión en equipamiento registra una fuerte reducción.
También cuestionó el sostenimiento de proyectos que, de acuerdo con la información obtenida en comisión, todavía no alcanzaron los resultados esperados.
Entre ellos mencionó el laboratorio de medicamentos de General Pico, que aún no comenzó a producir, el frigorífico de Santa Isabel, actualmente sin actividad de faena, y el fideicomiso Mamúu, que todavía no se puso en funcionamiento.
En ese contexto, reclamó mayor eficiencia y controles sobre la utilización de los fondos públicos.