Posta del Encuentro en Pico: "una experiencia única"
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EL DIARIO digital
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Mientras la Justicia exigía monitoreos trimestrales para proteger el acuífero, la Secretaría de Recursos Hídricos admitió fallas operativas, aumentó los permisos y reconoció que no puede sancionar.
El uso intensivo del agua subterránea en la periferia de Santa Rosa quedó reflejado en la disputa legal que lleva adelante Fernando Oppezzo contra el predio de fútbol de Forestier. Es un conflicto ambiental que revela la sustentabilidad hídrica regional.
El caso del Complejo Deportivo Ricardo Forestier expone cómo el riego recreativo-comercial afecta la protección de un recurso estratégico vulnerable a la salinización.
El litigio comenzó en 2011 cuando vecinos lindantes iniciaron una demanda por daño temido caratulada "Opezzo, Fernando Luis y otros c/ Vives, Cecilia y otros", denunciando el uso desmedido de agua mediante unos 240 aspersores para mantener cinco canchas de fútbol.
En mayo de 2013, la Justicia hizo lugar al reclamo y ordenó a la Secretaría de Recursos Hídricos y a la Administración Provincial del Agua (APA) tomar medidas urgentes en 30 días para frenar o revertir la salinización del acuífero y fijar cupos de extracción. Sin embargo, la respuesta estatal demoró tres años: recién en 2016 se instalaron caudalímetros y se fijó un límite formal.
Bombeo sin freno
El permiso de 2016 autorizaba extraer hasta 7.255 litros diarios en verano y 5.886 en invierno, equivalentes a unos 2,4 millones de litros anuales. No obstante, las mediciones oficiales registraron una realidad opuesta. Entre 2016 y 2024, los caudalímetros del predio acumularon una extracción de 95.259,5 metros cúbicos —más de 95 millones de litros—, lo que representa un promedio cercano a los 12 millones de litros al año: cinco veces el volumen máximo autorizado.
Pese a constatar este sobreconsumo en sus propias inspecciones, el Estado provincial no endureció los controles ni clausuró pozos. Por el contrario, en una contestación enviada en octubre de 2026 a la jueza Adriana Pascual, Recursos Hídricos informó que mediante la Resolución N.º 135/2025 otorgó un nuevo permiso que eleva la extracción autorizada a 50.000 litros diarios Esta decisión multiplicó por casi siete el cupo estival de 2016 y por más de ocho el invernal, sin justificar públicamente los criterios hidrogeológicos del incremento.
"Tenían una restricción. Se comprobó la salinización y ahora le dan más permisos", dijo Fernando Oppezo al explicar la situación actual. Asegura que en los escritos la secretaría de Recursos Hídricos sostiene que la salinización bajó, pero en los análisis que presentan se refleja un aumento.
"Y además reconocen que no hacen los controles cada tres meses, como decía el fallo", detalló Oppezzo sobre la situación generada.
Control trimestral
El fallo judicial del 4 de mayo de 2016 exigía expresamente realizar inspecciones cada tres meses y elevar sus resultados al juzgado. No obstante, los controles periódicos no se sostuvieron. Ante los reclamos por las omisiones, el Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, presentó un informe formal ante la jueza Pascual justificando la falta de seguimiento.
En el escrito oficial, el funcionario reconoció abiertamente las limitaciones operativas del organismo: "dichos análisis no siempre pueden efectuarse dentro del período específicamente señalado en la manda por la autoridad judicial, debido a que su realización se encuentra condicionada, entre otros aspectos, a las disponibilidades de partidas presupuestarias, Recursos Humanos, Insumos, etc. destinadas a tal fin".
A la escasez de recursos logísticos se sumó la emergencia sanitaria. En el mismo documento, Gobbi argumentó: "durante el período de emergencia sanitaria ocasionado por la pandemia de COVID-19 se produjo una interrupción de las actividades de inspección en territorio en toda la provincia de La Pampa..."
No obstante las irregularidades en el calendario de inspecciones, la Secretaría intentó atenuar el incumplimiento manifestando: "Igualmente, no dejamos de manifestar que más allá de las circunstancias que se han dado para no cumplir con la periodicidad de tres meses, si se han cumplido con las inspecciones y mediciones, para realizar los informes que se han presentado en el expediente judicial."
Pozos sin medición
Además de justificar las fallas de control, la respuesta oficial expuso una grave falencia institucional: la falta de herramientas para castigar el sobreconsumo. En su informe, el Secretario Gobbi admitió que la Secretaría se encuentra impedida de aplicar penalidades en el marco del Código de Aguas (Ley Provincial N.º 2.581): "el Código de Aguas no establece un régimen convencional propio (Art. 303, Ley provincial N° 2.581), delegando su elaboración al Poder Legislativo, razón por la cual este organismo aún no puede aplicar sanciones para los casos de incumplimiento de las obligaciones o cargas impuestas a los usuarios del agua ni por las acciones subsumidas en las prohibiciones establecidas en el aludido cuerpo normativo."
A esta impotencia punitiva se suman contradicciones en los datos técnicos. Mientras Recursos Hídricos informó al juzgado en octubre de 2026 que los pozos registraban un caudal de 1.800 litros por hora cada uno, el informe técnico del Acta de Inspección N.º 06/24 —firmado por Pamela Pratts— registró aforos de 3.618 l/h en la Perforación 1 y 4.633 l/h en la Perforación 2, duplicando y triplicando lo declarado judicialmente.
"Para completar el cuadro de descontrol, el organismo admitió la existencia de una tercera perforación que no pudo ser aforada por estar conectada directamente al riego por aspersión de las canchas, lo que impide determinar con exactitud el volumen real de agua extraída del subsuelo", dice Oppezzo.
El centro del debate
El caso del predio Forestier pone de manifiesto la distancia entre la normativa de protección ambiental y la gestión pública efectiva. La salinización de las napas no es una abstracción, sino un deterioro ambiental directo sobre un recurso finito.
Cuando la fiscalización obligatoria se discontinúa por falta de insumos, las cuotas de extracción se flexibilizan sin debate transparente, la información técnica muestra inconsistencias y la autoridad hídrica reconoce carecer de poder sancionatorio, la tutela del agua queda debilitada. La preservación del acuífero exige rigor técnico, fiscalización sostenida y un marco regulatorio que imponga límites efectivos ante el uso intensivo de los recursos hídricos.
