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EL DIARIO digital
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La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Lovera, recibió al ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y a su equipo de trabajo para que diera a conocer el detalle de las inversiones previstas en la ley de presupuesto para su área.
Álvarez informó que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social asciende a $111.267.000.000, lo que representa casi un 3,4% del total del presupuesto provincial. "Es muy similar al presupuesto del año pasado", señaló el ministro, quien se manifestó conforme con la asignación: "Creemos que un presupuesto que nos permite sostener las políticas sociales que se vienen desarrollando. Es un ministerio que tiene siete subsecretarías y lo presupuestado tiene que ver, más o menos, con la ejecución presupuestaria que hemos tenido en este 2026".
El funcionario explicó que la inversión se concentra principalmente en la política alimentaria y en la asistencia social, con acompañamiento a los sectores más vulnerables y a aquellos "que han sido muy castigados por las políticas públicas como discapacidad y personas mayores, a las que se las acompaña para poder pagar servicios, principalmente en lo que ha sido lo que más ha aumentado, la luz y el gas".
Álvarez también se refirió al precio de los alquileres como "otro de los mayores flagelos que tienen hoy los sectores más vulnerables", y lo vinculó con "una cuestión indirecta de la falta de obra pública a nivel nacional y una decisión política de no construir viviendas a lo largo y ancho del país". Sostuvo que, pese al esfuerzo del gobierno provincial en la construcción de viviendas a través de operatorias propias, la situación de los sectores populares se complica de sobremanera. En ese marco, afirmó que el principal motor del gobierno provincial es "su apuesta a la producción y la generación de empleo" y que a su ministerio "le toca trabajar con las consecuencias de los modelos económicos a nivel nacional". "Creemos que estamos en condiciones de poder afrontarlo para el año 2027 con el presupuesto que contamos", agregó.
El programa Pilquén y el IVS
El ministro dedicó parte de su exposición al programa Pilquén. "Sin el programa Pilquén estaríamos tanteando la situación, sin certezas ninguna", afirmó, y explicó que la herramienta permite tener "una fotografía actualizada de los núcleos familiares que son beneficiarios de programas sociales o aspirantes a programas sociales". Precisó que no se trata necesariamente de un programa asistencial y mencionó entre las actividades registradas al Pro-vida. El cúmulo de esa información individual permite, según dijo, "tener datos estadísticos y poder tomar decisiones, midiendo el impacto de ciertas políticas públicas" a través del Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), que se nutre de la información del Pilquén.

"El IVS nos ha permitido ir monitoreando desde el año 2023 a la fecha cuáles han sido los impactos reales y concretos", sostuvo Álvarez, y destacó como novedad que "han ido convergiendo las mediciones del INDEC con el IVS, que antes estaban muy separados". Mencionó que la última medición del gobierno nacional sobre indigencia en la provincia fue del 5,3%, mientras que la del IVS fue del 4,9%. "Cualquier número de indigencia, de pobreza, siempre es sumamente doloroso, porque la gente que está en una situación de indigencia, es decir que no tiene ingresos suficientes para poder tener garantizado el acceso a una alimentación adecuada", expresó.
El ministro aclaró que su cartera no se posiciona en función de los números: "Creemos en la medición que hacemos nosotros, creemos que se condice en muchas circunstancias y situaciones con la realidad social que vemos, que palpamos y que ahora podemos medir". Respecto del INDEC, dijo: "Yo no puedo emitir un juicio valor respecto a lo que hace el Indec, son datos estadísticos. Creemos en la honestidad de las mediciones". No obstante, señaló que la canasta con la que se mide la indigencia y la pobreza "tiene más de 20 años de antigüedad", lo que genera un desfasaje.
Diferencias metodológicas
Álvarez planteó una diferencia metodológica entre ambos organismos. Indicó que el INDEC toma solamente 660 encuestas para el conglomerado Santa Rosa-Toay y que "da lo mismo si las respondés o no, porque se extrapolan los datos, por lo cual puede haber una deformación en esa medición". En contraste, afirmó que su ministerio realiza en ese conglomerado más de 2.200 muestras que se contestan en su totalidad, y que las más de 3.300 encuestas que se hacen para la provincia "son contactos concretos y reales de un núcleo familiar que fue abordado y trabajado en su domicilio".

Al cierre de su exposición, el ministro afirmó que los $111.267 millones permitirán sostener las políticas alimentarias y de acompañamiento a los sectores vulnerables. También agradeció a la vicegobernadora Alicia Mayoral, "siempre presente en estos encuentros", por el aprendizaje que su cartera hizo del tratamiento a los jóvenes en esta Cámara y que luego pudo aplicar desde su ministerio en el programa "Aprender a gobernar".