UTELPa y AMET piden se convoque a paritaria por condiciones laborales y licencias por salud
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La Mesa Provincial de Barrios Populares realizó la entrega de un documento reivindicativo en la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa.
En el escrito, vecinos de diversos asentamientos exigieron la sanción de una ley provincial de adhesión a la Ley Nacional N° 27.453 de Integración Socio Urbana, la fijación de partidas en el Presupuesto Provincial 2027 y el respaldo legislativo al proyecto de ley de financiamiento del sector.
El colectivo encuadró su reclamo en el derecho a una vivienda digna, amparado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22). Asimismo, fundamentó en el esquema federal (artículos 31 y 121 de la Carta Magna) la obligación de la Provincia de ejercer sus atribuciones normativas y presupuestarias en coordinación con municipios y la Nación.
La postura política de la Mesa: "El lugar donde vivimos no puede determinar nuestros derechos"
La presentación marca una firme postura política para interpelar a las autoridades provinciales. La Mesa enfatizó que no reclama una mera "adhesión formal" ni un gesto simbólico, sino una decisión legislativa real que traduzca el marco normativo nacional en herramientas concretas de transformación territorial.
El posicionamiento se sostiene en los principios de equidad e igualdad ante la ley. Las familias remarcaron que tienen los mismos derechos que cualquier habitante y denunciaron que la inacción estatal o las trabas burocráticas no deben condicionar el acceso a una vida digna. "El lugar donde vivimos no puede determinar a qué derechos podemos acceder", sintetizaron en el escrito.
El petitorio ingresado al Poder Legislativo detalla diez reclamos prioritarios para revertir la postergación habitacional en la provincia:
Ley de adhesión provincial: Aprobar la adhesión a la Ley 27.453 con normas complementarias que definan autoridades de aplicación, mecanismos de articulación municipal y previsión presupuestaria.
Financiamiento presupuestario: Asignar un porcentaje del Presupuesto Provincial 2027 a obras en barrios populares y respaldar el Proyecto de Ley de Financiamiento del Régimen de Integración Socio Urbana 2027.
Registro provincial de asentamientos: Crear un mecanismo para reconocer barrios informales no incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), evitando que queden excluidos de las políticas públicas de hábitat.
Protección frente a desalojos: Garantizar la aplicación del artículo 15 de la Ley 27.453, que suspende los lanzamientos judiciales de forma de orden público en todo el territorio.
Servicios y Certificado de Vivienda: Exigir el cumplimiento inmediato de los artículos 10 y 10 bis para asegurar servicios continuos y obligar a las prestatarias a validar el Certificado de Vivienda Familiar.
Plan de infraestructura básica: Ejecutar obras urgentes de agua potable, electricidad, gas, cloacas, señalización de calles, transporte público y regularización dominial hacia el título de propiedad.
Freno a las expulsiones: El caso Chakra Raíz en Toay
Un eje central del escrito es el resguardo del artículo 15 de la Ley 27.453, que suspende las medidas procesales de desalojo en inmuebles del RENABAP. Tras la reforma impuesta por la Ley 27.694 en 2022, este freno legal quedó vinculado al plazo de diez años del artículo 18, extendiendo la protección legal de las familias hasta el 29 de octubre de 2032.
El colectivo ilustró la gravedad de la situación con la comunidad Chakra Raíz, de Toay. Pese a integrar el RENABAP y contar con Certificados de Vivienda Familiar, la comunidad atraviesa riesgo de desalojo, por lo que solicitó la intervención provincial para garantizar su permanencia en el territorio.
El documento visibiliza además la precariedad de vecindarios como El Amanecer y Micaela García. Allí no existe red pública de agua potable y la población depende de camiones cisterna municipales que fallan por roturas o por el mal estado de las calles. A ello se suma el hacinamiento en viviendas de nylon y pallets, la falta de cloacas, gas y transporte, y la ausencia de nombres en las calles, lo que imposibilita el ingreso de ambulancias y patrulleros ante urgencias.
En materia eléctrica, la Mesa denunció que la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) incumple el artículo 10 bis al rechazar el Certificado de Vivienda Familiar (reconocido por Decreto 358/2017) y exigir un certificado municipal adicional. La Mesa remarcó la ilegalidad de esta traba, subrayando que una exigencia local no puede recortar un derecho nacional.
Tras la entrega formal del escrito en la Cámara de Diputados, la Mesa Provincial de Barrios Populares aguarda el compromiso legislativo para convertir estas demandas en leyes y obras concretas.
