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EL DIARIO digital
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La aplicación de multas de hasta $500.000 por circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Rosa generó cuestionamientos del concejal radical Diego Camargo, quien salió al cruce de la política municipal de control vehicular y puso en discusión el monto de las sanciones.
A través de una publicación en sus redes sociales, Camargo sostuvo que el intendente Luciano di Nápoli impulsa una medida orientada a recaudar fondos y vinculó la decisión con el escenario político de cara a 2027. "Solo les importa la recaudación", afirmó.
El edil también cuestionó el papel de otros organismos y sectores políticos. Señaló que "la Provincia lo deja hacer", acusó al Poder Judicial de no intervenir y calificó de "cómplices" a los concejales del oficialismo.
Camargo también cuestionó que el municipio mantenga la exigencia de la RTO mientras, según planteó, "muchas calles siguen intransitables". En ese sentido, consideró que los vecinos terminan siendo "rehenes" de una política que, a su entender, tiene un propósito recaudatorio.
El concejal cerró su publicación con una posdata dirigida al jefe comunal: "Avísenle al intendente que pague las fotomultas", en una referencia a otro de los puntos de conflicto entre el oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante.
El cambio de criterio
La polémica se produce después de que el Juzgado de Faltas modificara, desde el 1 de septiembre de 2026, el mecanismo que se aplicaba a quienes circulaban sin la revisión técnica. Hasta entonces, los conductores podían evitar la multa si regularizaban la situación y presentaban el comprobante de realización de la RTO.
El juez de Faltas municipal, César Ortiz, confirmó que ese mecanismo dejó de aplicarse y que ahora se imponen sanciones que parten de las 300 unidades fijas, equivalentes a unos $500.000. El funcionario explicó que la decisión respondió a que muchos automovilistas recién realizaban la revisión cuando eran detectados en infracción. 
La exigencia de la RTO en Santa Rosa está vigente desde septiembre de 2024 y fue establecida por la ordenanza 6977/2023. Desde su implementación generó cuestionamientos políticos y reclamos de vecinos, tanto por su obligatoriedad como por los costos y el alcance de los controles.
La discusión vuelve así a cruzar dos argumentos: la Municipalidad sostiene la necesidad de hacer cumplir los controles técnicos vehiculares, mientras que sectores de la oposición cuestionan los costos, la aplicación de las sanciones y las condiciones de infraestructura vial de la capital.
