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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - La crisis del Ministerio Público de la Defensa de La Pampa se profundizó con la acefalía de las defensorías Civil y Penal del oeste provincial. Walter Vaccaro, defensor oficial de General Pico y presidente de la Asociación de Defensores de La Pampa, cuestionó las condiciones en las que se presta el servicio y reclamó autonomía institucional y presupuestaria. Confirmó, además, que en algunas temáticas ya envían los casos a juicio oral y evitan los acuerdos para garantizar una defensa justa al imputado.
El funcionario explicó que la salida de la defensora civil sustituta de Victorica, quien fue designada en la Fiscalía Adjunta de Adolescencias de Santa Rosa, se produjo cuando la dependencia ya atravesaba dificultades para garantizar la atención. En paralelo, la defensora penal Soledad Trímboli solicitó una licencia por razones psicológicas, luego de quedar a cargo de ambas áreas con una dotación mínima de personal.
Vaccaro señaló que Trímboli debía afrontar las tareas civiles y penales con una sola persona como apoyo. "No daba abasto", describió, y agregó que la funcionaria "no podía atender a la gente". Por esa razón, él asumió la subrogancia en el fuero penal, aunque debe sostener simultáneamente sus responsabilidades en General Pico.
"Nosotros, desde acá, tenemos más recursos, pero ella no tenía ningún recurso, estaba sola para todo, o sea, para lo civil, para lo penal", sostuvo.
La atención, condicionada por las distancias
La cobertura de la Defensoría Penal de Victorica también plantea dificultades operativas. Vaccaro explicó que debe atender las demandas de esa localidad, ubicada a unos 200 kilómetros de General Pico, sin abandonar las obligaciones propias de su turno.
"Si tengo que hacer una audiencia, la tengo que hacer por Zoom, y entrevistar al imputado por Zoom. No me puedo ir a Victorica porque estoy de turno también acá", afirmó. Según detalló, la modalidad virtual se convierte en una alternativa obligada ante la imposibilidad de trasladarse para atender ambas jurisdicciones.
El defensor agregó que la dependencia de Victorica enfrenta otras limitaciones dentro de la organización judicial. Aunque pertenece a la Cuarta Circunscripción, depende materialmente de la Segunda para la realización de juicios orales, debido a la falta de jueces de audiencia en el oeste, por lo que intervienen magistrados de General Pico.
Reclamo de autonomía y recursos
Para Vaccaro, la situación expone la necesidad de que la Defensa Pública tenga capacidad para organizar sus propios recursos y definir prioridades sin depender de las decisiones de la Procuración General.
"Esas son las cosas que nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo, que es la autonomía de la Defensa, que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones con nuestro propio presupuesto para decidir qué personal tenemos a cargo o no", manifestó.
Como antecedente, recordó que el defensor general Martín Saravia había dispuesto reducir los días de atención en Victorica a lunes, miércoles y viernes, debido a la escasez de personal y a la carga de audiencias de las funcionarias. Sin embargo, la Procuración General revocó esa resolución y el esquema de atención continuó sin modificaciones.
Vaccaro también vinculó la sobrecarga laboral con el desgaste psicológico de quienes trabajan en el sistema. En ese sentido, recordó una propuesta para establecer licencias periódicas destinadas a prevenir el síndrome de burnout.
"Yo planteé en su momento lo del síndrome de burnout, como una solución que no cuesta plata, darle licencia a la gente una vez un día al mes para evitar el síndrome del quemado", explicó. Como referencia, mencionó el caso de San Luis, donde, según indicó, se otorgan este tipo de licencias varias veces al año.
La alternativa de llevar más causas a juicio oral
Ante el cúmulo de trabajo y la obligación de garantizar un juicio justo, Vaccaro confirmó que ya se rechazan los juicios abreviados en algunas temáticas y buscan elevar los casos a debate oral, medida que también es una forma de protesta y ocasionaría un cuello de botella en las audiencias de juicio.
"Lo que sí podemos en la parte penal es garantizarle al imputado hacer un juicio oral, y no firmar más abreviados", señaló.
Advirtió, sin embargo, que una decisión generalizada podría incrementar la acumulación de expedientes. "Va a llegar un momento que los tres jueces de audiencia que hay en Pico no van a poder hacer mucho por la acumulación de casos", afirmó.
El defensor indicó que esa modalidad ya comenzó a aplicarse en algunas causas, especialmente en casos de violencia de género en los que no resulta viable recurrir a otras alternativas procesales.
Sin respuestas a los pedidos de reunión
La Asociación de Defensores reclama una respuesta institucional que contemple tanto la incorporación de personal como la autonomía y jerarquización del organismo.
"Ahora, en octubre, que pongan el dinero que hace falta para los recursos humanos que nos faltan y, al mismo tiempo, la pelea por nuestra autonomía y la jerarquización", planteó Vaccaro.
También cuestionó las diferencias entre fiscales y defensores dentro del sistema judicial pampeano. "Es la única provincia que tiene el sistema acusatorio y no estamos equiparados los defensores con los fiscales, como están en todas las otras provincias", sostuvo.
Por último, señaló que la Asociación solicitó una audiencia con el ministro de Gobierno y Justicia, Horacio di Nápoli, sin obtener respuesta hasta el momento. "Hace más de un año que somos Asociación y le pedimos la audiencia y no nos atiende", afirmó.
Vaccaro destacó que sí mantuvieron reuniones con bloques de la Legislatura provincial, entre ellos el FreJuPa, la UCR y el PRO, y aseguró que encontraron coincidencias sobre la necesidad de avanzar con una ley de autonomía para la Defensa Pública.