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EL DIARIO digital
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Las defensorías Civil y Penal de la región oeste de La Pampa se encuentran acéfalas. Una de las funcionarias solicitó licencia y otra dejó su puesto para incorporarse a la Fiscalía Adjunta de Adolescencias. Cada dependencia cuenta con apenas un empleado para atender las demandas de toda la región. La situación profundiza una crisis estructural que lleva meses de advertencias y reclamos sin soluciones de fondo.
La crisis del Ministerio Público de la Defensa de La Pampa sumó un nuevo capítulo que expone la gravedad de la falta de recursos humanos en el sistema judicial. Las defensorías Civil y Penal del oeste provincial quedaron sin profesionales responsables a cargo y cuentan, cada una, con apenas un empleado para atender las necesidades de toda la región.
Según la información a la que accedió El Diario, la acefalía se produjo por dos situaciones diferentes. En el caso de la Defensoría Penal, la funcionaria responsable solicitó una licencia. En tanto, la Defensoría Civil perdió a su defensora sustituta, quien dejó ese cargo para incorporarse a la Fiscalía Adjunta de Adolescencias.
El resultado es que ninguna de las dos dependencias tiene actualmente un defensor o defensora a cargo, mientras que su estructura administrativa se reduce a un trabajador por oficina.
Un deterioro más
La situación representa un nuevo deterioro del servicio de defensa pública en una extensa región de la provincia, donde las distancias entre localidades y las dificultades de traslado constituyen obstáculos adicionales para quienes necesitan acceder a la Justicia.
La falta de responsables en ambas dependencias plantea interrogantes sobre la continuidad de la atención, la representación judicial y los mecanismos de sustitución previstos para garantizar el funcionamiento del servicio.
En el fuero civil, las defensorías intervienen en cuestiones especialmente sensibles para la población, como reclamos alimentarios, regímenes de comunicación, situaciones de violencia familiar, restricciones a la capacidad y otros procesos que involucran derechos fundamentales. En el ámbito penal, la asistencia técnica resulta indispensable para garantizar el derecho de defensa de las personas involucradas en procesos judiciales.
La ausencia simultánea de profesionales en ambos fueros profundiza una situación que las propias autoridades de la Defensa Pública, sus trabajadores y las organizaciones que los representan vienen denunciando desde hace tiempo.
La nueva acefalía se produce, además, en un contexto en el que ya habían quedado expuestas las dificultades para garantizar reemplazos de funcionarios y sostener la atención habitual en distintas localidades del interior pampeano.
El antecedente de Victorica
Uno de los antecedentes más significativos ocurrió en Victorica, donde la Defensoría General había dispuesto una reducción de los días de atención al público ante la falta de personal. Esa decisión, adoptada mediante la Resolución 8/26, fue posteriormente dejada sin efecto por la Procuración General.
La Asociación de Defensoras y Defensores de La Pampa cuestionó aquella intervención y advirtió que la medida no resolvía ninguno de los problemas que habían originado la restricción del servicio.
En ese momento, la entidad señaló que la propia Procuración había reconocido la escasez crítica de recursos humanos, las dificultades para cubrir vacantes y las deficiencias del sistema de sustituciones, pero que la respuesta institucional no contemplaba soluciones concretas para revertir el deterioro.
La advertencia de Saravia
La gravedad del problema había llevado al defensor general, Martín Saravia, a declarar la emergencia de las Defensorías Civiles a fines de 2025, mediante la Resolución 10/25. La medida se fundamentó en la sobrecarga de trabajo, la insuficiencia de personal y las dificultades para garantizar una atención adecuada.
"Estamos llegando a una situación dramática. El sistema está totalmente colapsado y no podemos garantizar un servicio de calidad a la población más vulnerable", había advertido entonces Saravia.
El diagnóstico recibió posteriormente el respaldo del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que expresó su preocupación por las limitaciones estructurales del servicio en La Pampa y reclamó medidas para garantizar su funcionamiento.
Las advertencias también se multiplicaron durante este año. El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) denunció la falta de personal, la sobrecarga laboral y las condiciones edilicias deficientes en las que se desempeñan numerosos empleados de las defensorías.
La organización gremial reveló, además, que durante 2025 se crearon dos nuevas Defensorías sin incorporar trabajadores para garantizar su funcionamiento.
El colapso en primera persona
A esos reclamos se sumó la Asociación de Defensores, Defensoras y Asesores Públicos, que ratificó la existencia de un "colapso operativo y desgaste extremo" en el sector.
La entidad, presidida por Walter Vaccaro, advirtió sobre las consecuencias de sostener estructuras insuficientes frente a una demanda judicial creciente y planteó la necesidad de una solución integral por parte de las autoridades competentes.
Otro de los puntos centrales de la discusión es la desigualdad de recursos entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Las organizaciones que representan a los defensores han cuestionado reiteradamente las diferencias en las dotaciones de personal y los mecanismos de cobertura de vacantes, además de reclamar autonomía presupuestaria para la Defensa Pública, que actualmente depende de las partidas administradas por la Procuración General.
Incluso, la Asociación de Defensores advirtió recientemente que podría evaluar la decisión de dejar de suscribir juicios abreviados si no aparecen respuestas institucionales a sus demandas, una medida que tendría consecuencias directas sobre la actividad del fuero penal.
El oeste desprotegido
La situación de las Defensorías del oeste pampeano vuelve a poner en primer plano esa problemática. A las carencias estructurales que motivaron la declaración de emergencia se suma ahora la ausencia de responsables en las dos dependencias encargadas de garantizar la asistencia jurídica de la población.
Con apenas un empleado en cada oficina y sin defensores a cargo, la continuidad de la prestación del servicio queda condicionada a las decisiones que adopten las autoridades judiciales para cubrir las ausencias y organizar las sustituciones.
El nuevo escenario se produce cuando todavía no se conocen soluciones estructurales para una crisis que ya motivó declaraciones de emergencia, intervenciones institucionales, reclamos gremiales y advertencias de las asociaciones profesionales, mientras persiste la necesidad de garantizar el acceso a la Justicia de los habitantes del oeste provincial.
